800 años de cárcel

¿NO QUERÉIS taza?: pues taza y media. Tal puede ser el burdo resumen de la petición fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga de 800 años de cárcel para 34 personas, cuatro de ellas médicos, acusadas de 22 delitos de aborto cometidos en la clínica del ya a la fuerza popular ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, para quien se solicitan 90 años de cárcel y 100 de inhabilitación; es decir, que no pasará consulta, en el caso de que fuera condenado, hasta el año 2091.Pero si el concepto del tiempo adquiere en las peticiones fiscales un carácter casi mágico, en el orden de las costumbres sociales la normativa al uso y quienes la aplican con mayor o menor rigor se distancian aún más del presente. La legislación vigente, modificada en 1985, admite el aborto en tres supuestos: malformaciones del feto, grave riesgo para la vida de la madre y violación. Dentro del Gobierno y del PSOE existen voces autorizadas que hablan ya de un cuarto supuesto: el socioecónomico.

Sin embargo, la vía de los supuestos dejaría el problema tal y como está, es decir, con un discrecional control por parte de jueces, corporaciones médicas y particulares a través de la acción popular, lo que permitiría la repetición de casos como el que ahora enjuicia la Audiencia de Málaga. Queda, naturalmente, la posibilidad de estudiar y aprobar una ley de plazos. La diferencia esencial entre todas las opciones no es jurídica, sino de sentido común: considerar a la mujer dueña de su cuerpo y de sus actos. Darle, pues, carta de naturaleza como ser humano adulto, con criterio suficiente para decidir por sí misma sobre su presente y futuro. El resto son divagaciones paternalistas de uno u otro signo, con el riesgo de no poder acceder a la consulta del ginecólogo hasta dentro de un siglo. Un disparate.