La fiscalía pide que declaren altos cargos de la Junta y de Defensa, en el 'caso Guerra'

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla presentará hoy ante el Juzgado número 6 de la ciudad, que instruye las querellas de IU y el Partido Andalucista contra Juan Guerra, un escrito de petición de pruebas con el que pretende concretar el alcance de las irregularidades observadas en las empresas del hermano del vicepresidente, y que alcanza a la relación del Ministerio de Defensa en el caso. Según fuentes próximas a la investigación, en el escrito de la fiscalía se solicita la declaración de dos altos cargos de Defensa, dos de la Junta de Andalucía, varios directores de bancos y dos alcaldes sevillanos.

Durante el periodo vacacional, la fiscalía de Sevilla ha recopilado los aspectos esenciales que contienen los más de 10.000 folios de declaraciones, informes policiales, bancarios, de Hacienda y pruebas practicadas en torno al caso Juan Guerra. Tras esa recopilación, el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, ha redactado un amplio escrito de petición de pruebas, en el que, de forma pormenorizada y bajo la fórmula de preguntas concretas, pretende la determinación de presuntas irregularidades y, en su caso, exigir las responsabilidades penales que de ellas se deriven.

Según fuentes judiciales, la fiscalía solicita en la primera parte de su escrito la declaración "en extremos concretos" de Juan José Arenas Casas, administrador y socio de Juan Guerra en Corral de la Parra, SA.

Asimismo, se pideja comparecencia ante el juez Angel Márquez de varios directores de entidades bancarias para que aporten información sobre el movimiento de cuentas corrientes a nombre de empresas relacionadas con Juan Guerra. En ellas se incluyen un tipo de cuenta, denominadas AVC por los bancos, cuya característica principal es su anonimato, lo que, según flientes de la fiscalía, evita el control de Hacienda.

Militares

El escrito prosigue con la solicitud de la fiscalía de que comparezcan ante el juez el general gerente de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Juan Valverde Díez, así como el teniente coronel Ángel García Toledano, para que certifiquen y aclaren el acuerdo en virtud del cual se procedío a la enajenación de parte de los terrenos de los cuarteles de la Maestranza de Madrid. Igualmente se pide al juez que solicite del Banco de España los movimientos de cuentas del citado departamento de Defensa, los estatutos de una de las sociedades adjudicatarias, Proyectos Internacionales, SA, y de la empresa Nubago Inmobiliaria, SA, que ficitó al concurso sin que se le adjudicará la subasta.La fiscalía solicita la declaracíón de los alcaldes de Alcala de Guadaira y de Dos Hermanas, ambos del PSOE, para que informen de la situación en que se encuentran sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), en relación con varias fincas y polígonos adquiridos por sociedades vinculadas a Juan Guerra.

El esclarecimiento de la presunta participación de Juan Guerra en una concesión irregular de licencias de máquinas tragaperras es otro de los objetivos de la fiscalía, que solicita la documentación de la sociedad Recreativos Astigi, SA, y las declaraciones del inspector jefe de la Brigada del, Juego, Manuel Cortes, y de Francisco de Paula Molina González, director general de Política Interior de la Junta de Andalucía, en la fechas en que se produjo la concesión de licencias.