Los controladores de Zaragoza recurren contra su sustitución por militares

Los controladores aéreos civiles del aeropuerto de Zaragoza presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dos recursos contra el plan de la Dirección General de Aviación Civil que pretende sustituirles por militares, de acuerdo con lo dispuesto en junio por el Consejo de Ministros. Este decreto ya fue recurrido en su día por los sindicatos de los controladores ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno aragonés también ha presentado un recurso ante el Supremo y rechaza la militarización del aeropuerto. El objetivo del decreto ministerial es, según el Ministerio de Transportes, unificar el control y evitar así los continuos incidentes que se, registran en el espacio aéreo de Zaragoza, dada la proximidad de la base de utilización conjunta con los Estados Unidos. Sin embargó, los controladores estiman que no desaparecerán los incidentes. En todo caso "se silenciarán y no se darán a conocer", en opinión de José Antonio Mas, secretario de la sección sindical de UGT en el centro de control.Por su parte La Unión Sindical de Controladores y, la Federación de Servicios Públicos de UGT presentarán hoy otro recurso por entender que no han sido convocados, tal como es preceptivo, a la hora de elaborar el plan por el que el control del aeropuerto de Zaragoza pasa a manos de los militares. Un plan que afecta a sus condiciones de trabajo, al verse forzados al traslado. En su opinión, se ha vulnerado el artículo 105 de la Constitución y la Ley de Negociación Colectiva de la Función Pública.

Los sindicatos solicitan en su recurso la paralización del proceso de traslado, cuya elección de destino deberán firmar los controladores el próximo 3 de septiembre, ya que si éste se lleva a cabo antes de que se pronuncien los tribunales "las consecuencias serían irreparables para las familias afectadas".

El segundo recurso será presentado por el colectivo de los 20 controladores, como funcionarios que son. Éstos piden la suspensión del plan pues afirman que según un decreto es ilegal dar instrucción a los técnicos militares, tal y como pretende la Administración, ya que no pertenecen al cuerpo de controladores.