El juez pedirá datos a Hacienda sobre los gastos del despacho de Juan Guerra

El juez Ángel Márquez Romero, encargado de la instrucción del caso Juan Guerra, va a requerir al Ministerio de Hacienda que le informe sobre quién sufragó los gastos del despacho -teléfono y demás material público- que ocupó el hermano del vicepresidente en la Delegación del Gobierno en Andalucía entre los años 1983 y 1988, según han indicado fuentes próximas a la investigación.El juez va a realizar este requerimiento a propuesta del acusador privado Manuel Fernández del Pozo, abogado que representa en el sumario a Izquierda Unida (IU). Fernández del Pozo entiende que Juan Guerra ha cometido, entre otros, un delito de usurpación de funciones. Para ello se ampara en las declaraciones que ha efectuado el secretario personal del vicepresidente del Gobierno, Rafael Delgado, al juez Márquez.

Delgado testificó que Juan Guerra sólo estaba autorizado para "acceder" al despacho gubernamental y recoger las cartas que allí recibía su hermano, tesfimonio éste que se contradice con el de Leocadio Marín, delegado del Gobierno en Andalucía durante parte del tiempo en que Juan Guerra utilizó el citado despacho. Marín ha declarado al ministerio fiscal que la autorización era para "ocupar" tal despacho.

Fianzas y arrestos

Por otra parte, el juez Márquez espera a que el Ministerio de Hacienda le detalle el montante económico presuntamente defraudado por varios de los socios de Juan Guerra para adoptar contra ellos medidas judiciales de carácter cautelar. Fianzas y arrestos domiciliarios son algunas de las medidas que el juez Márquez pretende adoptar contra estas personas, según han informado a EL PAÍS fuentes de la investigación. "La ley le impide hacerlo si antes no dispone de datos fiables sobre las cantidades exactas que han defraudado", añadieron las fuentes informantes.

Juan José Arenas Casas, socio al 50% de Juan Guerra en la inmobiliaria Corral de la Parra, es uno de los presuntos inculpados a los que el juez Márquez pedirá al menos una fianza, una vez que Hacienda cuantifique el volumen económico que supuestamente ha ocultado al fisco como administrador del Corral de la Parra.

Paralelamente, dos peritos médicos someterán hoy a Antonio Guerra, hermano mayor del vicepresidente del Gobierno, a una exploración psiquiátrica para determinar si son susceptibles de consideración los testimonios que ya ha expresado ante el juez Márquez.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, no presentó ayer, como en un principio estaba previsto, su querella por presunta prevaricación contra el alcalde de Barbate (Cádiz), Serafin Núñez. "La presentaremos a lo largo de esta semana. Quizá mañana o pasado, depende. No es una acción legal cuyo plazo de presentación sea perentorio", declaró un portavoz de la fiscalía de Cádiz.