El derecho a la intimidad

C.M.En una famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 1983, la de Garrido Falla, se decía que los movimientos de una cuenta corriente "constituyen la historia de la vida de una persona expresada en números". Aquella sentencia fue favorable a Hacienda, ya que el alto tribunal consideró que la administración tributarla tiene derecho a investigar una cuenta corriente como un instrumento para perseguir el fraude fiscal. El Constitucional rechazó el argumento de la protección del derecho a la intimidad en que se basó la defensa.

Los expertos sacan a relucir esta decisiva sentencia, para argumentar que una cosa es la investigación de cuentas corrientes para perseguir el fraude y otra muy distinta, instaurar una especie de estado policial en el que cada ciudadano es un número, sin el que prácticamente no hay posibilidad de mover una peseta.

Hacienda tiene ahora, mediante una larga batalla legal que aún continúa, montañas de datos sobre los ciudadanos que pagan impuestos, y algo más que indicios para perseguir a quienes no contribuyen al esfuerzo fiscal. Todo ello figura en los ordenadores de Hacienda con algunos problemas de identificación, lo que ha motivado la implantación del NIF.,

Otra cuestión es qué utilización se haga de los datos que figuran en los ordenadores. En España, a diferencia de otros países, no existe una ley que "limite el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar", según mandata la Constitución. Además, el Gobierno español suscribió en el año 1982 un convenio sobre protección a las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este convenio, firmado en el marco del Consejo de Europa, comprometió a los Gobiernos a introducir en su ordenamiento jurídico interno normas que regulen el uso de la informática.

El mayor banco de datos

La inexistencia de esta norma, que incide especialmente en el ámbito fiscal -éste es el mayor banco de datos de que dispone la Administración sobre la vida de los ciudadanos-, es lo que diferentes expertos y asociaciones de asesores fiscales, critican ante la implantaci n del NIF.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, afirmó ayer que "no existe con el NIF ningún atentado al derecho a la intimidad". Según explicó, la ley General Tributaría garantiza que los datos informáticos que obtiene Hacienda de los contribuyentes son de utilización exclusiva para fines fiscales. "Nunca se ha dado a conocer ninguna información para una finalidad distinta que no sea la de administrar correctamente los impuestos", afirmó.