El automovilista, por medio

LA MEDIACIÓN de la Unión de Consumidores de España (UCE) en el conflicto surgido por el precio de la mano de obra entre un numeroso grupo de talleres de reparación de automóviles y la Mutua Madrileña Automovilista no puede ser más oportuna. No sólo porque pone de manifiesto el papel relevante que están alcanzando las organizaciones de consumidores en contenciosos que afectan a los usuarios y que con frecuencia son resueltos en contra de sus intereses, sino también porque augura una salida negociada a una situación que amenaza con crear serios perjuicios a un importante número de automovilistas. Desde siempre, los talleres de reparación de automóviles y las compañías aseguradoras han mantenido entre sí una soterrada guerra sobre el precio, de la hora de trabajo y el coste global de las reparaciones. Pues bien, generalmente el perdedor de esta guerra no ha sido ninguno de los bandos directamente contendientes, sino alguien absolutamente ajeno a ella: el cliente. Las polémicas entre unos y otros no sólo no ahorran, como es lógico, al automovilista el pago de su prima al seguro, sino que -y eso sí que es absolutamente condenable- a veces se traducen en reparaciones chapuceras y en una desatención rayana en el engaño a quien tiene todo el derecho, porque paga, a que se le atienda en condiciones.En el contencioso actual, los talleres reclaman una subida del precio de la hora de trabajo entre un 25% y un 50% en relación con las tarifas vigentes al 31 de diciembre del año pasado. Y las compañías aseguradoras -parece que algunas han aceptado el nuevo precio- replican señalando lo disparatado de tal incremento. Pero al tiempo que son incapaces de llegar a un acuerdo, las partes contendientes ya han dejado entrever su intención de utilizar al automovilista como arma arrojadiza en la batalla. Así ocurre, por ejemplo, con la pretensión de los talleres de resolver a su manera el conflicto exigiendo directamente al asegurado el precio de la reparación de su automóvil. Quizá la ley les ampare, pero no de manera tal que ello suponga romper unilateralmente con una situación pactada que de ser reformada debe serlo por acuerdo de las partes implicadas. Por su parte, las aseguradoras no pueden llevar su intransigencia hasta el punto de dejar a sus asegurados en una situación de desamparo frente a los talleres.

Porque si se quiere una solución definitiva de un conflicto que tensa desde antiguo las relaciones entre talleres y aseguradoras, la única vía es establecer unas claras reglas de juego en la actuación de las dos partes. No es serio que a estas alturas la ambigüedad siga siendo la norma, quizá con la secreta intención de cada una de las partes de imponer unilateralmente a la otra sus decisiones. Pero el resultado de esta estrategia es que cada rebrote conflictivo lleva la zozobra y la inseguridad al usuario, que prima ortodoxamente la prima establecida precisamente para ser atendido con seguridad y sin riesgo. En cualquier caso, la lógica de los intereses parece que debería llevar al entendimiento, si se tiene en cuenta que cerca del 90% de las reparaciones que realiza un taller de automóviles proceden de las compañías de seguros.

La grave situación por la que atraviesan actualmente algunas aseguradoras de automóviles- precisamente a causa de los crecientes costes en la reparación de los daños, pero también por el incremento de la siniestralidad y el aumento de las indemnizaciones judiciales- no debe ser obstáculo a que el sector aborde desde una perspectiva realista, es decir, de acuerdo a los criterios de mercado, los costes de la mano de obra y de las piezas de recambio en los talleres. Pero, de igual manera, las organizaciones representativas de los talleres tendrían que esforzarse en exigir mayor transparencia en el servicio que se presta al cliente, así como en mejorar su calidad. Y, desde luego, no estaría de más que lucharan con toda la beligerancia posible contra los restos de comportamientos que hacen de la picaresca ley y de la piratería norma de funcionamiento.