Burocracia y dignidad

TODO CIUDADANO, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a una jubilación digna y suficiente, lo mismo escriba poemas que novelas, plante lechugas o se dedique a sus labores. Lo demás es demagogia. Si no se consigue que estas pensiones logren su fin no hay estado del bienestar ni sociedad desarrollada.Con creciente periodicidad se asiste al lamentable hecho de que una de las firmas prestigiosas de la literatura española acomete su último tramo vital escaso de medios, cuando no en la pura indigencia. Gabriel Celaya y Alfonso Grosso -este último sin llegar a los problemas de edad del primero- son los últimos casos del lamentable declinar del escritor, un derrumbe coherente con los tiempos en que la mitificación del dinero se promociona desde todas las esferas -públicas y privadas- y el éxito se mide exclusivamente por la rentabilidad en pesetas. Aquellos que han trabaja do toda su vida con su talento y la creatividad se encuentran con problemas de subsistencia. Casos como el de Rosa Chacel -solucionado, como ahora los de Celaya y Grosso, con una ayuda ministerial- no dejan de formar parte de una política de parches, bien recibida por sus recipiendiarios, naturalmente, y que

deja sin solución otros muchos casos de autores menos afamados o con mayor pudor a la hora de airear sus desdichas.

La Sociedad General de Autores de España (SGAE), la Asociación Colegial de Escritores (ACE), el régimen general de la Seguridad Social, son entidades y siglas que encubren bajo su benefactor caparazón la impotencia resolutiva. No faltarán alegaciones técnico-jurídicas que expliquen lo inexplicable: la imposibilidad de que cualquier ciudadano español -incluso los que no anhelan el enriquecimiento súbito- tenga derecho a una jubilación digna.