Los 'otros' Noriegas

Manuel Antonio Noriega no es el único procesado que ha acusado a la justicia norteamericana de detención ilegal. Los últimos 100 años de la historia judicial de este país demuestran que hubo otros Noriega y que no todos ellos corrieron la misma suerte.En 1886, un delincuente común, Frederick Ker, fue detenido en Perú por un agente federal desplazado desde Illinois. El Tribunal Supremo no atendió a la reclamación del detenido, quien alegó que su detención había sido ilegal y que había sido secuestrado. Ker utilizó la misma táctica de Noriega, no reconocer la jurisdicción del tribunal que le acusaba. El detenido perdió.

El Tribunal Supremo de EE UU tuvo que decidir en 1952 sobre un caso similar. Shirley Collins fue detenido, secuestrado y trasladado desde Chicago hasta una ciudad de Michigan, donde estaba reclamado por un asesinato. El jurado le consideró culpable pese a sus argumentos sobre la ilegalidad de su detención.

El caso del narcotraficante Francisco Toscanino, en 1974, fue mucho más complicado. Fue secuestrado en Uruguay por policías locales pagados por el Gobierno de EE UU y conducido a Brasil, donde fue torturado antes de ser enviado a Miami. Toscanino fue obligado a andar durante días y noches, golpeado y sus ojos rociados con alcohol. Su proceso se convirtió en un juicio contra el sistema. La Corte aconsejó al Gobierno que respetara "las conductas civilizadas" y sentenció que si Toscanino podía probar que había sido torturado, no podía ser juzgado.

Más recientemente, en 1986, la Corte de Apelaciones de Atianta, en el Estado de Georgia, se enfrentó a otro caso Norlega. Harold Rosenthal, otro narcotraficante, fue detenido en Colombia por la Agencia Antinarcóticos (DEA). El detenido argumentó que había sido arrestado ilegalmente. Rosenthal perdió el caso y fue condenado.

Pese a estos antecedentes, los abogados del general Noriega, Steven Kollin y Frank Rubino, han expresado su deseo de seguir utilizando en este proceso el hecho de que Noriega fue detenido en unas circunstancias que, independientemente del punto de vista legal de la justicia norteamericana, sí fueron especiales.

Kollin y Rubino quieren llegar lejos. No quieren que su cliente corra la suerte de Ker, Collins, Toscanino y Rosenthal. Para ello, si es preciso, intentarán que el juicio de Noriega se convierta en un proceso en el que también se juzgue la legalidad de la invasión militar en Panamá.