El Supremo condena al Estado a pagar indemnización por la muerte de un preso

El Tribunal Supremo ha fallado contra el abogado del Estado al ratificar una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava en la que se establecía la responsabilidad civil de Instituciones Penitenciarias en el asesinato de José Ramón Moscoso, un antiguo miembro de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), en la cárcel de Nanclares de la Oca el 1 de septiembre de 1985.

Según la asociación de ayuda a los presos Salhaketa, el fallo del Tribunal Supremo es muy importante porque reconoce por primera vez, y por la vía penal, la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, condenada al pago simbólico de tres millones de pesetas a los familiares.

Moscoso fue acuchillado por dos presos. Para acceder a su celda retuvieron a tres funcionarios mientras que otros dos notificaron la agresión pero no intentaron abortarla, según quedó demostrado durante la vista oral. Uno de los asesinos estaba implicado en las muertes de otros miembros de la COPEL. Moscoso había remitido correspondencia a sus abogados e incluso a la dirección del centro alertando sobre el peligro que corría.