Las pesqueras conjuntas con el Reino Unido pierden 6.000 millones de pesetas

Las empresas pesqueras conjuntas con el Reino Unido, que engloban un total de 95 barcos, dejaron de ingresar durante los últimos meses más de 6.000 millones de pesetas ante el paro forzoso a que se han visto obligados por las autoridades del Reino Unido. A esta cantidad se sumaría la depreciación que han sufrido las embarcaciones de estas empresas conjuntas. De un precio medio en torno a los 130 millones de pesetas que tenían hace medio año, en este momento las ofertas de compra para estos barcos no superan los 30 millones de pesetas.

Las empresas pesqueras españolas conjuntas con el Reino Unido se constituyeron en la última década, en parte como una vía de salida a los excedentes de la flota nacional. Tras un funcionamiento sin problemas en ese país, las autoridades inglesas aprobaron la Merchant Shipping Act, una ley por la que se estableció un nuevo registro de barcos pesqueros, que exige que el 75% del capital de las embarcaciones esté en manos de ciudadanos ingleses cualificados.La aplicación de esta normativa supuso la paralización total de la flota de empresas conjuntas desde el día 1 de abril, mientras los armadores españoles iniciaban una batalla, en los tribunales ingleses, así como en la propia Comunidad Europea.

La Comisión de la CE planteó un recurso contra la ley inglesa ante el Tribunal de Luxemburgo en los primeros días del mes de agosto. Según fuentes del sector, la sentencia donde se contemplan medidas provisionales sobre este contencioso, se hará pública en los próximos días. En medios pesqueros se confía en una respuesta favorable, en cuanto resulta impensable una decisión en contra del Tratado de Roma y, además, cuando se está avanzando hacia el mercado único.

Desde el pasado mes de abril, los pesqueros han dejado de efectuar capturas por un valor superior a los 6.000 millones de pesetas, al haber paralizado la flota en los puertos. Por otra parte, barcos que en condiciones normales de mercado tenían un precio de unos 130 millones de pesetas, en este momento no superan los 30 millones de pesetas en el mercado inglés, lo que supondría unas pérdidas añadidas de más de 8.000 millones de pesetas si fuese necesario vender la flota a precios de saldo.

Residencia y domicilio

Para los armadores españoles no es suficiente que el Tribunal de Luxemburgo, que dirime conflictos dentro de la Comunidad Europea, se manifieste en contra de la exigencia inglesa sobre la nacionalidad del capital inglés. Se considera indispensable que no se deje libertad a las autoridades de Reino Unido para determinar las condiciones sobre residencia y domicilio.En los últimos meses, solamente tres empresas se han podido constituir de acuerdo con la nueva normativa británica. Los restantes intentos, a pesar de estar el capital en manos de personas físicas o jurídicas inglesas, han tenido una respuesta negativa por parte de las autoridades del Reino Unido.

Los armadores españoles no rechazan la posibilidad de medidas de fuerza caso de una sentencia provisional negativa en Luxemburgo por estimar les ampara el Tratado de Roma.