Información y propaganda

DE AQUELLOS polvos, estos Iodos. El Gobierno ha venido haciendo oídos sordos a las quejas de la oposición y a las denuncias de los medios de comunicación sobre el sectarismo de la televisión pública, y ahora se encuentra con una grave amenaza de deslegitimación del proceso electoral por parte de partidos que representan a una gran parte del electorado. El asunto es bastante serio, sin que la ridícula propuesta presentada por esas formaciones políticas pueda ser utilizada para desviar la atención respecto a la cuestión de fondo: la utilización de la televisión pública por el partido del Gobierno. Quede claro que la pretensión de la oposición de atribuirse un derecho de veto sobre las informaciones electorales, o de nombrar a los realizadores que intervengan en estos espacios, o de fijar los minutos que corresponderán a cada formación, constituyen otros tantos homenajes a aquello que dicen combatir. Lo que desean no es evitar la manipulación en un servicio público, sino extenderla a mansalva, sin otro criterio que sus respectivos intereses.Semejante disparate no debe servir, sin embargo, para ignorar la situación actual. Para explicar el comportamiento del Gobierno no hace falta tampoco recurrir a estrafalarias teorías conspirativas, como la de ese Departamento de Manipulación de Imágenes que dirigiría el doctor Guerra. Al contrario, tales teorías sólo sirven para restar credibilidad a las quejas de la oposición. De otro lado, la idea según la cual el Gobierno tendría derecho a compensar el sesgo antigubernamental de buena parte de los medios privados de comunicación, abusando a su vez de los medios públicos, es tan frecuente en labios socialistas como incompatible con el carácter de servicio público de Televisión Española, corporación regulada por un estatuto que exige expresamente su imparcialidad.

El propagandismo gubernamental de Televisión Española tiende a hacerse especialmente notorio en períodos electorales. Pero los intentos de regulación han fracasado sistemáticamente. De entrada, el criterio de distribuir los tiempos de presencia en pantalla en función de la representatividad parlamentaria obtenida en las elecciones anteriores es bastante discutible. Significa dar por supuesto que todo Va a seguir más o menos igual, lo que a veces desmiente la realidad: en 1982, la UCD fue el partido que contó con mayor presencia y luego obtuvo el 7% de los votos.

La organización de debates y mesas redondas entre las diferentes formaciones tiende a compensar es a desigualdad de partida sin caer en el absurdo de que las decenas de siglas concurrentes cuenten con la misma cuota de pantalla. La responsabilidad de tales debates corresponde a la propia Televisión, que deberá articularlos con arreglo a criterios profesionales. Solana abrió paso al confusionismo actual al intentar rehuir esa responsabilidad pidiendo que fueran los partidos quienes presentasen propuestas.

A su vez, la respuesta de Alfonso Guerra, su rápida reacción dándose por aludido, equivale casi a un reconocimiento de culpabilidad. Por una parte, deduce, del acuerdo firmado el jueves, la existencia de un pacto político "entre la derecha y los comunistas", y pide al electorado que obre en consecuencia; y, por otra, se saca de la manga el invento de que para que se produzca un debate en el que participe el presidente del Gobierno, los firmantes deberán designar un candidato a la Moncloa. Tales trucos desacreditan a quien recurre a ellos.

Porque, por lo demás, la discusión sobre si en Televisión Española hay o no manipulación sectaria de las informaciones es, a estas alturas, una broma: en el telediario citado apareció fugazmente Arzalluz, que había presentado el programa del PNV. De su intervención sólo se escuchó una frase. Precisamente aquella en la que hablaba de la probabilidad de que el PSOE obtenga la mayoría absoluta. No hace falta un equipo de siniestros personajes ordenando a cada redactor lo que tiene que hacer en cada momento para que la inercia oficialista instalada en esa casa produzca habitualmente ese tipo de resultados. La oposición tiene motivos para quejarse. Pero lo lamentable es que lo único que se le ocurra sea proponer como solución compartir con el PSOE el derecho a controlar la información en Televisión Española.