El austral argentino se devalúa un 57% en una semana, tras el nuevo 'plan de emergencia'

La economía argentina continúa fuera de control a pesar de los esfuerzos del Gobierno. El nuevo plan de emergencia que se aplica desde el pasado martes -el tercero en seis meses- consiste en imponer un ajuste ortodoxo. Los precios quedaron congelados "como mínimo" por 45 días, se liberó la cotización del dólar, se impuso una retención del 20% a los exportadores, se pidió colaboración a los grandes grupos empresarios para evitar la emisión de moneda sin respaldo y se trata de aprobar nuevos impuestos. El miércoles, cuando se reabrió el mercado de cambios cerrado desde el pasado jueves, la cotización del dólar aumentó un 12% y, en consecuencia, la moneda argentina, el austral, se devaluó un 57% en una semana.A pesar de contar con el tipo de cambio más alto que se recuerda, los grandes exportadores de cereales continúan reteniendo sus divisas y no se produce la liquidación masiva de dólares que podría hacer bajar su cotización. Esa especulación arrastra tras sí el valor de los productos para el consumo interno, que aumentaron en promedio el 100% desde el mes pasado. El Gobierno decidió congelar los precios luego de autorizar una nueva subida del 30%. Los analistas advierten sobre el riesgo de que la economía o se encuentre ya en estado de hiperinflación. El alza del coste de 1 la vida, sólo en el mes de abril, ronda el 30%.

El llamado Grupo de los ocho, que integran las principales organizaciones empresariales del país, resolvió finalmente no compartir la responsabilidad con el Gobierno en la aplicación del nuevo plan, pero aceptó las medidas. El ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, se reunió con los representantes de 30 empresas líderes para pedirles que suscriban un Título de financiaciamiento solidario con el que se procura recaudar unos 500 millones de dólares para finanzar los gastos del Estado. A la vez, el Gobierno envió al Parlamento un paquete de nuevos impuestos entre los que se incluyen gravámenes a la tierra, a la propiedad inmobiliaria y a los automóviles.

El peronismo, principal partido de la oposición, adelantó su voto en contra y, de hecho, el Congreso ha suspendido sus sesiones hasta después de las elecciones generales que deben realizarse el próximo 14 de mayo.

Rechazo sindical

El nuevo plan fue duramente criticado por el resto de las organizaciones sociales. La Confederación General del Trabajo (CGT), central única de orientación peronista, rechazó el aumento del salario mínimo, que pasó de 35 a 40 dólares, y exige 65 dólares. Los gremios han comenzado a declarar huelgas que afectan a la Administración pública.La crisis económica es el tema central del debate en la campaña electoral. El candidato oficialista, Eduardo Angeloz, admitió que él no hubiera tomado estas medidas. El peronista Carlos Ménem advirtió, en el comienzo de su "marcha federal de la victoria" en la provincia de La Rioja, de la que es gobernador, que el nuevo plan "castiga aún más a los trabajadores". El presidente Raúl Alfonsín, que el lunes inauguró por última vez como jefe del Estado las sesiones ordinarias del Parlamento, justificó el fracaso económico por la deuda externa, la caída en los precios internacionales de los productos agrarios, las inundaciones de hace tres años y la sequía que afectó a la cosecha anterior, pero reconoció además que hubo cosas que no quisimos hacer, otras que no pudimos hacer y otras que no supimos hacer".