Injusta legalidad
Desde 1978 Hacienda ha aplicado un sistema fiscal discriminatorio y anticonstitucional a los matrimonios. Como consecuencia, numerosos contribuyentes han sido forzados a pagar más de lo que debían. En algunas ocasiones, altos cargos de la Administración han minimizado el problema, aduciendo que sólo afectaba a una exigua minoría. Se calcula la aportación de esta exigua minoría en cerca de 500.000 millones. Así, como suena.Los procesos de inspección, incluso para los presuntos defraudadores, están paralizados. Deben aplicárseles tarifas acordes con la Constitución. Este beneficio no se aplicará a los contribuyentes que hayan realizado correctamente su declaración en los años precedentes. Es más, no se les piensa devolver ni una peseta.
Quizá esto sea legal, pero, obviamente, es injusto.-
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