El Defensor del Pueblo y la fiscalía elaboran informes sobre fraudes inmobiliarios

El Defensor del Pueblo y el fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante han elaborado sendos informes sobre las estafas inmobiliarias a extranjeros en la zona mediterránea que el CDS ha pedido por los cauces reglamentarios. Rafael Martínez Campillo, diputado del CDS, muestra su extrañeza ante el hecho de que el defensor le haya comunicado que tal informe no existe cuando él conoce oficiosamente sus líneas generales, que califica de "terroríficas".

Este diputado pide al Congreso la creación de una ponencia que estudie la situación inmobiliaria, así como el nombramiento de un fiscal especial.El parlamentario del CDS Rafael Martínez Campillo, diputado por Alicante., quiere llegar hasta las últimas consecuencias en torno a la investigación de estafas inmobiliarias, avalado, además de por el conocimiento que tiene de la situación, por el informe elaborado por el eurodiputado británico Edward McMillan-Scott, en el que se denuncia que el 90% de las estafas inmobiliarias a extranjeros en la zona mediterránea se comete en España, según informó EL PAÍS el pasado 24 de octubre.

Este parlamentario denunció "la cultura de la corrupción" que existe en España, concretada en la codicia de los promotores, la inutilidad de notarios y del Registro de la Propiedad, la lentitud e ineficacia de la justicia, la indefensión de los compradores, la incompetencia de los alcaldes y la pasividad del Gobierno.

El diputado del CDS tiene plena confirmación de que la oficina del Defensor del Pueblo envió a sus asesores a Alicante el pasado año y descubrieron numerosas irregularidades urbanísticas y administrativas. De su investigación salió un extenso informe que Martínez Campillo califica de "terrorífico".

Este diputado, una vez que tuvo conocimiento de ese informe, pidió al Defensor del Pueblo, con fecha 19 de febrero de 1988, su informe acerca de las actividades de empresas inmobiliarias, nacionales o extranjeras, en la costa de Alicante.

La petición fue realizada por conducto parlamentario, según la facultad que tienen los diputados -artículo 7 del Reglamento de la Cámara- de solicitar documentos de la Administración. El Defensor del Pueblo contesta con fecha 6 de mayo de 1988 de una forma un tanto evasiva y, desde luego, sin reconocer la existencia del documento.

El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, reconoce que se han recibido distintas quejas, remitidas directamente por los interesados, nacionales o extranjeros, contra distintas administraciones públicas y relacionadas con actuaciones urbanísticas, y que ello ha dado lugar a distintas actuaciones.

Antes de estas apreciaciones el defensor explica que su tarea es la de supervisar la actividad de la Administración "y ello impide que esta institución pueda ejercer sus funciones y, en consecuencia, admitir y tramitar quejas que hagan referencia a activídades de personas o entidades de carácter privado que no tengan relación con una administración pública, razón por la cual al defensor no le es dado elaborar informes sobre la actividad comercial de empresas privadas".

Martínez Campillo, con fecha 8 de noviembre de 1988, ha vuelto a pedir al Defensor del Pueblo toda la información que tenga sobre transacciones inmobiliarias en la Costa Blanca. Asimismo ha pedido a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante las actuaciones que haya llevado esa fiscalía sobre posibles irregularidades.

Este diputado conoce que en el informe del fiscal se ponen de manifiesto numerosas irregularidades administrativas, "pero sin consecuencias penales".

El portavoz del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, ha presentado en el Congreso una proposición no de ley "relativa a la eficacia y control del sistema de transacciones inmobiliarias de carácter turístico".