La "dulcificación" de la política nuclear facilita el acuerdo con EE UU

Las autoridades españolas han recordado a los aliados de la OTAN, la Unión Europea Occidental (UEO) y EE UU que, si fuera conveniente, en un futuro las Cortes pueden modificar la condición sobre política nuclear del referéndum de 1986, según fuentes oficiales. Coincidiendo con estos comentarios, en Nueva York, donde mañana se entrevistarán los jefes de las diplomacias de España y EE UU, se asegura que el principal obstáculo para la firma del nuevo convenio -el deseo español de que el texto prohíba "introducir" armas nucleares- se ha superado con la inclusión de otras cláusulas que dulcifican esta prohibición.

La traducción del aviso transmitido a los aliados es llevar el convencimiento a europeos y americanos de que el Gobierno podría hacer más concesiones respecto al paso o almacenamiento de armas nucleares, cuestión. sobre la que aumentan las presiones aliadas. La interpretación que hace el Gobierno, según estas fuentes, es que los españoles respaldaron a través del referéndum "no una innovación, sino una política que ya se estaba realizando", pero que puede ser modificada si las Cámaras así lo acuerdan.Las repetidas presiones aliadas sobre España se han materializado, en el caso de EE UU, en la insistencia norteamericana en que, si en el nuevo convenio figura explícitamente la prohibición de "introducir" armas nucleares, cualquier Gobierno puede hacer en el futuro una interpretación restrictiva y prohibir también que buques aliados atraquen en puertos españoles.

Las fuentes informantes aseguran que en ¡a actualidad no cabe pensar en una posible variación de la política nuclear, y el Gobierno español afirma que no ha modificado su posición en ninguna de las tres negociaciones -OTAN, UEO y bases- en las que se ha abordado la posición nuclear española. En esas negociaciones, España ha dejado claro que apoya la política aliada de disuasión nuclear, pero que no pueden introducirse armas nucleares en el territorio nacional.

Hasta ahora, los límites a esa política consisten en que no se preguntará a los buques aliados que toquen puertos españoles si portan armas nucleares y que el posible sobrevuelo de aviones con esa clase de artefactos deberá contar con la autorización del Ejecutivo español.

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