El Ayuntamiento exige 70 millones por vía de apremio a los propietarios de Almacenes Arias

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado procedimiento de apremio para intentar cobrar a los hermanos Arias 70.813.053 pesetas, cantidad que costaron las obras de derribo y demolición de los Almacenes Arias, realizadas tras el incendio del 4 de septiembre de 1987, en el que murieron 10 bomberos. La respuesta de los hermanos Arias para detener este procedimiento ha sido presentar un aval bancario y recurrir la cuantía exigida. Asimismo, el Ayuntamiento ha presentado ya ante la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial recurso de apelación contra el procesamiento de José Pascual, jefe de bomberos en el momento de producirse el incendio.

El recurso municipal recoge hasta un total de seis informes coincidentes en el carácter imprevisible del derrumbamiento. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo debieron encargarse de los trabajos de demolición en acción sustitutoria, al no atender la propiedad los requerimientos para su realización, después de que los edificios de la calle de la Montera, 29 y 3 1, que ocupaban los almacenes, fueran declarados en ruinas.Según informó Juan Barrado, adjunto al gerente de Urbanismo, el coste de estos trabajos se elevó a 70.813.053 pesetas. Iniciada, la vía de apremio, los hermanos Arias han presentado un aval bancario y han interpuesto un recurso de alzada contra la cuantía exigida. De ser desestimado, la propiedad podría recurrir por la vía contencioso administrativa.

Respecto del solar de la calle de la Montera, Barrado afirmó que la propiedad tiene un plazo de dos años para construir, a contar desde el momento en que el terreno fue calificado como solar. Esta calificación se produjo unos meses después de la tragedia, una vez que el juzgado lo autorizó. El edificio que se levante deberá tener las mismas alturas que los jolindantes y podrá dedicarse a viviendas, oficinas o plantas comerciales.

Días después del incendio, Juan Barranco, alcalde de Madrid, propuso la expropiación de este solar, con el fin de convertirlo en pasaje para peatones y levantar en él un monumento a los 10 bomberos muertos. La propuesta fue rechazada por los grupos de la oposición, cuando algunos urbanistas ya habían empezado a realizar bocetos para reformar urbanísticamente toda la zona.

Tragedia imprevisible

El recurso municipal presentado por el Ayuntamiento, al que el juez declaró responsable civil subsidiario de Pascual, recoge todos los informes elaborados entre el 19 de noviembre del año pasado y el pasado 26 de abril en los que se hace constar el carácter imprevisible del derrumbamiento del inmueble.

Tres de estos informes fueron elaborados por Santiago González, jefe del departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.

Según fuentes municipales, el Juzgado número 11 de Instrucción, que ha instruido el sumario, ha solicitado, por su parte, un nuevo informe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aún pendiente de emitir y cuyos resultados se esperan con mucho interés por la defensa de Pascual.

En la vista, convocada para el 3 de octubre, se verán los recursos interpuestos tanto por Pascual, procesado como presunto autor de un delito de imprudencia temeraria y profesional en la extinción del incendio, como por dos de los hermanos Arias, procesados por un supuesto delito de imprudencia con daños en las cosas.

José María Stampa, abogado de los dos hermanos Arias procesados, manifestó ayer que su recurso se basa en que los propietarios adoptaron las medidas necesarias a raíz de incendio y no existió relación causal entre las supuestas anomalías administrativas de los almacenes y el motivo del incendio. La tesis de la defensa se resume en que los daños producidos a las cosas fueron fortuitos. En el caso de que los recursos sean desestimados, la Audiencia fijará el juicio oral, que podría celebrarse en el plazo de dos años.