La patronal de buques congeladores reanuda las negociaciones del convenio

La Asociación Nacional de Buques Congeladores de Cefalópodos (Anacef) acordó ayer, viernes, en asamblea reanudar las negociaciones para el primer convenio colectivo de la flota que faena en los caladeros saharaui y marroquí. Esta decisión se produce dos días después de que el delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, amenazara a dicha patronal con responsabilizarla criminalmente ante los tribunales de los disturbios que se produjeran como consecuencia de su negativa al diálogo mientras continuara la huelga. Entre tanto, 128 barcos de Anacef continúan amarrados desde hace dos semanas en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria por decisión de sus tripulantes, unos 2.700 trabajadores.El cambio de actitud de Anacef coincidió con una manifestación de 3.000 pescadores y familiares que recorrió en la mañana de ayer las calles de dicha ciudad, desde el muelle pesquero hasta la Dirección Provincial de Trabajo, donde solicitaron la mediación en el conflicto de un alto funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En esta ocasión no se reprodujeron los incidentes de otros días atrás, en los que fueron detenidas 18 personas durante enfrentamientos con la policía.

Por otra parte, la Confederación Canaria de Empresarios ha rechazado enérgicamente las advertencias del delegado del Gobierno a los de los buques congeladores por considerarlas inadecuadas. Anacef también ha mostrado su disconformidad con Hernández Gutiérrez.

Esta mísma autoridad ha exigido a los pescadores que respeten la ley en cada una de sus acciones de protesta (la manifestación de ayer transcurrio con normalidad), ya que en caso contrario adoptará las medidas precisas para mantener el orden público. Asimismo ha solicitado en las últimas horas refuerzos policiales al Ministerio del Interior por si fueran precisos para garantizar la paz en el puerto.

Control policial

Fuertes dispositivos policiales montan vigilancia permanente desde hace días en dicho recinto. El ministerio fiscal ha sido informado de los pormenores del conflicto por el delegado del Gobierno.Los pescadores, que se rigen por una ordenanza obsoleta, exigen un sueldo fijo y otras mejoras económicas y sociales en sustitución del sistema retributivo que se les aplica actualmente. Los trabajadores de los arrastreros reciben un porcentaje del volumen de pesca de cada marea (más de 60 días ininterrumpidos de faena en los caladeros) que fija previamente el armador.