Las viviendas protegidas de Castilla y León podrán medir 120 metros

El gobierno regional de Castilla-León aprobó ayer un decreto ley por el que se amplía el tamaño de las viviendas que se acogen al régimen de protección oficial a 120 metros cuadrados, desde los 90 metros actuales. Con él se verán favorecidos los promotores y adquirientes de viviendas que hasta ahora no estaban acogidos al actual régimen de VPO.Así se modifica el perfil de la vivienda de protección oficial que, hasta ahora, tenía limitado su tamaño a un máximo de 90 metros cuadrados. Si se superaban estas medidas se perdía el derecho al préstamo para la construcción de viviendas.

Según el gobierno regional, esta medida responde a la demanda de "un importante sector de la población cuya necesidad de vivienda no puede encuadrarse, por sus ingresos económicos y, características familiares, en las condiciones exigidas para la adquisición de vivienda de protección oficial, ni tampoco en las de libre construcción".

Un segundo decreto aprobado por la Junta de Castilla-León fija las normas para la adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas por el gobierno regional. En él se señala que serán las comisiones provinciales las encargadas de seleccionar y designar a quienes recibirán las viviendas promovidas flor la Junta. Esta adjudicación se realizará con anterioridad a la calificación de las viviendas. Tales medidas tienen un ámbito de aplicación reducida en esta Comunidad Autónoma, ya que no se podrán aplicar en las viviendas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y otras de protección oficial cuya titularidad corresponda al Estado o a sus organismos públicos.

La decisión de la Junta de Castilla-León de elevar el mínimo de la superficie de las viviendas de protección oficial abre el camino para que otras comunidades autónomas con competencias hagan lo mismo y se quiebre de alguna forma el principio mantenido por la administración central de que, en las condiciones actuales, se deben concentrar las subvenciones y ayudas en los grupos sociales más desfavorecidos abandonando la política anterior de apoyar al sector de la construcción.