El 'Vulcanus ll' llegará a partir del día 20 a Santander

, rEl Gobierno acaba de autorizar a la empresa Ocean Combustion Service para que cargue en el buque Vulcanus II las 1.800 toneladas de tóxicos que se encuentran almacenadas en el puerto de Santander desde hace meses. El buque llegará en lastre a la capital cántabra a partir del día 20 de este mes y después se dirigirá al mar del Norte para efectuar la incineración.

Numerosos carteles oponiéndose a la presencia del barco holandés en la bahía, firmados por Greenpeace, al que apoya la asociación ecologista regional ARCA, han aparecido en las calles de la capital tratando de movilizar a la opinión pública.

El director general del Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo, criticó en Santander el posicionamiento del Gobierno autónomo y aludió también a la "actitud bastante irresposanble" de la organización ecologista internacional. "El Gobierno cántabro adolece de información sobre estas cuestiones e ignora que la empresa Terquisa, que recibe y almacena los residuos tóxicos, posee una concesión administrativa para realizar sus actividades. Por todo ello, su posición política es algo incoherente".

Por su parte, el presidente cántabro, Juan Hormaechea, calificó de "infantiles" los argumentos del director general y se reafirmó en que la bahía de Santander es un medio demasiado desprotegido para permitir el tráfico de productos tóxicos.

Tres plantas incineradoras

El plan nacional de residuos tóxicos, que se desarrollará a lo largo de cinco años, prevé la instalación de tres grandes plantas incineradoras en tierra como alternativa a la combustión en el mar, que deberá terminar a finales de 1994, dijo en Santander el director general de Medio Ambiente. La entrada en vigor de este plan está pendiente de la aprobación del Reglamento de la ley básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 1986. Está previsto que el próximo año se apruebe el Reglamento con lo que se iniciaría la construcción de la primera de estas plantas incineradoras. Una vez que se apruebe esta normativa, las empresas estarán obligadas a elaborar una declaración anual sobre la gestión y el destino final que dan a este tipo de sustancias corrosivas.Cada planta costará alrededor de 3.500 millones de pesetas, y es muy probable que se construyan en Tarragona, Madrid y Huelva, zonas de gran producción de residuos tóxicos. También son candidatas a albergar una de estas plantas las zonas de Valencia, Asturias y el País Vasco. La industria española genera 1.700.000 toneladas de residuos tóxicos al año, de las cuales sólo 200.000 son incinerables.

"Tenemos", subrayó Martínez Salcedo, "una capacidad limitada de tratamiento de residuos tóxicos en tierra. Una parte se almacena en instalaciones industriales, pero también se producen vertidos ilegales en los cauces públicos y en terrenos inadecuados cometiéndose verdaderos delitos ecológicos".