Descubiertas más ayudas de la Generalitat ligadas con la Crida
Cinco de los activistas de la organización independentista catalana Crida a la Solidaritat detenidos el pasado 22 de abril por el boicoteo al Rey en Barcelona figuran, entre 1987 y 1988, en las nóminas de entidades que han recibido subvenciones directas del Departamento de Trabajo de la Generalitat destinadas a la promoción de empleo. La financiación directa o indirecta de la Administración autónoma catalana a la red de entidades vinculadas a la Crida, algunas utilizadas como pantalla financiera sin el conocimiento de sus afiliados, podría llegar a ascender a 100 millones de pesetas.
Cinco de los detenidos el día de la conmemoración del milenario de Cataluña trabajan o han trabajado en las entidades Asociación Catalana de Vexilología, Juventud Musical de Vic, Consejo Alimentario del Mediterráneo y Consejo de la Juventud de Barcelona. Estas cuatro asociaciones han recibido en conjunto al menos 8,2 millones de pesetas de los fondos de la Generalitat, destinados a la lucha contra el paro. Las personas implicadas son Ricard Martínez Montegudo, Maria del Carme Bellín Badia, Jaume Puig Canal y Eva Castellanos Maduell.Una quinta entidad, la sociedad anónima laboral ACIS, recibió indirectamente parte de una ayuda oficial. En esta empresa trabajó Carles Riera Albert, también detenido el día 22 de abril. Las organizaciones conocidas que han empleado a miembros de la Crida o han servido para canalizar desvíos de fondos oficiales han recibido al menos 13,3 millones de pesetas procedentes de subvenciones de la Generalitat para crear empleo.
En relación con este caso, anteayer pusieron sus cargos a disposición de la junta de la Asociación Catalana de Vexilología la presidenta, Ana María Galán Pla, y el vicepresidente, Sebastián Herreros, esposo de la anterior. La presidenta de la entidad, dedicada al estudio de las banderas, está presuntamente implicada en el desvío de fondos oficiales a las cuentas corrientes de dirigentes de la Crida. Fundadores de la asociación manifestaron desconocer las irregularidades.
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