Un joven encarcelado un mes por error reclama al Estado seis millones de pesetas

Manuel Almarza Rodríguez, de 31 años, que permaneció un mes privado de libertad a pesar de no haber participado en el delito del que se le acusaba, ha reclamado al Estado cerca de seis millones de pesetas, acogiéndose al artículo 121 de la Constitución, que reconoce el derecho a indemnización por error o anormal funcionamiento de la justicia. El Ministerio de Justicia denegó la solicitud de indemnización, por lo que Almarza ha recurrido ante la Audiencia Territorial de Madrid.

En 1979, Almarza fue detenido e ingresó por orden judicial en la prisión de Carabanchel, en donde permaneció un mes acusado de un delito de estafa y falsedad en documento mercantil. El 3 de agosto 1979 el juez anuló cualquier medida contra Almarza por considerar que no participó en los hechos "en forma alguna ( ... ), habiéndose ya decretado el procesamiento de todas aquellas personas presuntamente responsables".Con fundamento en esta resolución, Almarza evaluó los perjucios morales y económicos derivados de la resolución judicial, especialmente los que fueron consecuencia de su despido del Banco Central hasta su readmisión en octubre de 1979. El Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de 5.913.132 pesetas de indemnización.

El informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial el 20 de mayo de 1987 negó que se tratara de un supuesto de anormal funcionamiento de la justicia, ya que la exculpación "no se dictó por causa de la inexistencia de los hechos, sino por causa de la falta de participación de don Manuel Almarza Rodríguez en los mismos".

Frente a este criterio de la mayoría, seis vocales del Consejo -Cristina Alberdi, Pablo García Manzano, Emilio Berlanga, Valentín de la Iglesia, Juan Antonio Linares y Adrián Celaya- se mostraron favorables a la indemnización por entender que la mecánica judicial "indebidamente le privó de su libertad" al reclamante. Según estos seis vocales, Almarza sufrió "un daño o lesión a un derecho fundamental que ninguna obligación jurídica tenía de soportar".