El ex concejal socialista procesado por corrupción de menores afirma, que su "único delito es el de haber sido cargo público"

El ex teniente de alcalde de Burjassot (Valencia) Santiago González, procesado por dos presuntos delitos de corrupción de menores, afirmó ayer que es inocente y que su "único delito es el de haber sido cargo público". González prestó declaración ante la Audiencia valenciana, donde se juzga a 34 personas acusadas de estar relacionadas con una red de prostitución infantil.El fiscal solicita, en su calificación provisional, cinco años, ocho meses y dos días de prisión para González, al que acusa de haber participado como cliente en fiestas organizadas con presencia de niñas menores de edad y, además, de haberles ofrecido droga. El ex concejal admitió haber ido en una ocasión a una fiesta, pero no llegó a consumar el acto sexual porque la menor "estaba triste y resfriada". "Yo sólo me acuesto con mi mujer", añadió. Santiago González recalcó que ninguna de las niñas lo ha reconocido nunca, y explicó las consecuencias que la publicación de la noticia de su detención tuvo en su vida. "Me he tenido que marchar de Burjassot, a mis hijos los invitaron a abandonar el colegio, truncaron mi carrera política y estoy sufriendo desde entonces una tortura psicológica", dijo a los periodistas, con quienes accedió a hablar de forma distendida.

Al ser preguntado sobre si espera ser absuelto manifestó: "Aún sigo confiando en la ley".

La red de corrupción de menores fue desarticulada por la policía hace más de dos años. Los interrogatorios de los procesados concluyeron ayer. Las sesiones continuarán mañana, lunes, con la declaración de las siete menores que la policía rescató de la red. El fiscal estima que fueron agredidas y amenazadas en múltiples ocasiones por algunos de los procesados.

Arturo Carrasco, principal encausado, habló con los periodistas al final de la sesión. Según dijo, está envuelto en este asunto porque se enamoró de una de las menores, la cual, a su vez, estaba enamorada de él. Carrasco volvió a acusar a policías y periodistas de su procesamiento. Otros procesados continuaron sus ya habituales amenazas a la Prensa.

Fotógrafos y redactores protagonizaron una sentada en la puerta de la sala en señal de protesta por las agresiones y los obstáculos que dificultan su tarea informativa. Ningún periodista entró en la sala durante la primera hora de la vista. La Asociación Nacional de Informadores Gráficos ha solicitado "facilidades" para los fotógrafos acreditados en el juicio. La fotógrafa de este periódico Pepa García fue escoltada por dos policías durante la sesión de ayer.

Nueve procesados declararon ayer. A cuatro de ellos se les acusa de alquilar locales donde otras personas establecieron negocios relacionados con la prostitución.