Serra dice que el Gobierno no estudia conceder indultos a condenados del 23-F

La revisión de las penas impuestas a los militares condenados por su participación en el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 corresponde al Consejo Supremo de Justicia Militar y el Gobierno no tiene en estudio "en este momento" ningún proyecto de indultar a esos golpistas. Así lo afirmó ayer el ministro de Defensa, Narcís Serra, al concluir el acto inaugural del nuevo año judicial castrense.

Preguntado si el Gobierno tiene previsto conceder alguno de esos indultos una vez que el Consejo Supremo de Justicia Militar revise la sentencia, el titular de Defensa respondió: "El Gobierno no lo tiene, en este momento, en estudio". Serra aseguró igualmente que no tenía "ninguna noticia" sobre una escrito enviado por el ex teniente coronel Antonio Tejero al Consejo Supremo de Justicia Militar para solicitar su absolución.

El citado acto inaugural es el último de ese tipo que se ha celebrado en España, ya que el Consejo Supremo de Justicia Militar desaparecerá el próximo año. De acuerdo con las leyes de reforma del antiguo Código de Justicia Militar, la mayoría de las competencias de este organismo pasarán a una nueva sala del Tribunal Supremo, que se encargará de juzgar, en última instancia, los delitos militares. En la actualidad, el máximo órgano de la jurisdicción militar es el Consejo Supremo de Justicia Militar, que fue precisamente el que juzgó a los implicados en el 23-F.

Supresión del consejo

Dado que en junio pasado entró en vigor el nuevo Código Penal Militar, la legislación actual fija penas diferentes a las impuestas a quienes cometen delitos relacionados con la rebelión, por lo que deben ser revisadas las condenas. El consejo supremo militar emitió hace meses un informe en el que señalaba que no era de su competencia esa revisión, pero el Tribunal Supremo confirmó en julio pasado que sí era competencia del consejo supremo esa revisión.En el discurso que pronunció durante el mencionado acto, celebrado en la sede del consejo, Serra destacó que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha desarrollado una labor "guiado sólo por el mejor servicio de la administración de justicia".

El presidente en funciones del consejo, teniente general Emiliano Barañano, pidió que, aunque desaparezca ese organismo, siga existiendo la condecoración de la Orden de San Fernando, en cuya concesión participa el organismo. También solicitó que sean ampliadas las posibilidades de redimir penas en las prisiones militares. Barañano dijo que no deseaba abordar si la supresión del consejo es una medida "acertada o no", y defendió "la independencia, imparcialidad y honestidad" que presidieron las decisiones del alto tribunal militar.

El fiscal togado, general Javier Sánchez del Río, señaló en su intervención que los delitos de deserción e insulto a un superior son los más habituales entre los que se cometen en el ámbito castrense.