Las cuentas de Ledesma

. Fuentes del Ministerio de Justicia, del que es titular Fernando Ledesma, señalan que las cifras presupuestarias que vienen publicándose en los medios de comunicación social, por lo que se refieren al departamento de Justicia, se encuentran muy atrasadas, y que, en concreto, el 14,3% de incremento respecto a 1977 no se corresponde con la realidad.

Tales fuentes, que no quisieron anticipar cantidades definitivas hasta tanto el Consejo de Ministros de hoy ajuste las diferentes partidas, aseguraron que todas las previsiones serán superadas, incluso la asignación de 16.629 millones de pesetas (más del 27% sobrelos 13.083 millones de 1987) para inversiones reales.

Esta previsión- optimista es aceptada por algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultados por este periódico, aunque el ambiente general entre los miembros del Consejo es que tampoco los presupuestos de 1988 cubrirán los mínimos necesarios para evitar el colapso de la justicia.

Los consejeros recuerdan el precedente del año actual, para el cual el Consejo expuso también las "exigencias mínimas y urgentes", y, a pesar de tratarse de necesidades "que no podían esperar", no fueron cubiertas.

Fuentes del Consejo descartan que en el acto solemne de apertura del año judicial, que se celebrará el próximo lunes, presidido por don Juan Carlos, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Antonio Hernández Gil, haga alguna referencia a la obligación gubernamental de "dotar al poder judicial de los medios personales y materiales suficientes para desarrollar su función con independencia y eficacia".

Máxima preocupación

Según personas próximas al presidente del Consejo, por encima de otras tensiones con el Ejecutivo, la insuficiencia de medios es uno de los problemas que más preocupan a Hernández Gil, a pesar de lo cual no es probable que en el acto del lunes se refiera críticamente al Gobierno. En ese mismo acto, además de la memoria de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Javier Moscoso, se distribuirá la del Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda de lo Pena] a fines de 1986 tenía 11.016 asuntos pendientes, que se incrementarán progresivamente, ya que, según los datos del CGPJ, mientras que en 1986 ingresaron 6.362 nuevos recursos, el alto tribunal sólo pudo despachar ese mismo año menos de la mitad: 3.018. La media de duración de cada asunto se calcula en casi cuatro años.