La ley de Aguas de Canarias enfrenta a los partidos de centro-derecha de las islas

La aprobación de la ley de Aguas para Canarias ha abierto un enfrentamiento entre las fuerzas políticas de centro-derecha. Alianza Popular ha acusado al CDS y a los insularístas integrados en la Federación Regional de Agrupaciones Independientes de Canarias (FRAIC) de actuar de forma inconsecuente, al no oponerse de forma tajante al contenido de la norma. AP, que interpuso a través de su grupo en el Senado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley nacional por presunta violación del Estatuto de Autonomía canario, renunció a defender sus numerosas enmiendas parciales en el debate del Parlamento. regional "para evitar un debate inútil".Los aliancistas reprochan a centristas e insularistas haberlos dejado solos ante el peso de los votos del pacto de progreso (formado por el PSOE, PCE, Partido de la Revolución Canaria y Asamblea Majorera). El CDS respondió a estos ataques acusando a AP de haber dado un, "lamentable espectáculo de irresponsabilidad política".

La ley fue aprobada por el Parlamento canario en los primeros días de abril con los votos del pacto y los apoyos puntuales de nacionalistas y centristas. El Grupo Popular se opuso tajantemente a lo que calificó como "leydel miedo". El debate en la Cámara se vio rodeado de una atmósfera de fuerte crispación provocada por sectores empresariales y organizaciones de propietarios de acciones de pozos y galerías. Unas 20.000 personas se manifestaron en Tenerife y La. Palma en vísperas de la discusión parlamentaria final. Las fuerzas del orden público intensificaron el dispositivo de seguridad del Parlamento para evitar que los diputados fueran agredidos por los manifestantes, que pretendían concentrarse ante sus puertas.

La ley de Aguas específica para el archipiélago consagra el dominio público de dicho recurso y establece un plazo de 15 años renovable para las futuras concesiones de explotación. El estatuto canario concede competencias a la comunidad autónoma en esta materia.

El consejero de Obras Públicas, José Medina, se ha comprometido a buscar, en nombre del Gobierno, un acercamiento con los sectores discrepantes de la ley, que entrará en vigor el día 1 de julio.

La ley de Aguas para Canarias es, en opinión de sus autores, la única solución a la escasez y sobreexplotación de este bien escaso y permitirá el control de los precios, así como su uso preferente para la agricultura.