El Ayuntamiento de Barcelona sólo podrá nombrar un representante en La Caixa

Los estatutos de La Caixa, que serán aprobados a principios de la próxima semana por la asamblea de la entidad, sólo garantizan un representante del Ayuntamiento de Barcelona en la asamblea general, formada por 160 personas. Así, contará con la misma representación que en Cajamadrid, donde el Ayuntamiento de Madrid tendrá 28 delegados.

La mínima representación del Ayuntamiento de Barcelona en los órganos de dirección de La Caixa y del conjunto de cajas catalanas es consecuencia del decreto Cullell, que favorece a los municipios de las zonas rurales (en los que predomina Convergència i Unió), en perjuicio de las grandes ciudades del cinturón barcelonés, gobernadas por socialistas y comunistas. En La Caixa, Barcelona tendrá la misma representación que localidades como Sort y Solsona, que sólo cuentan con una oficina.Según el proyecto de estatutos, la composición de la nueva asamblea general de 160 miembros será la siguiente: 70 representantes de los impositores, 64 de los ayuntamientos, 8 del personal y 18 de las entidades fundadoras. La representación municipal estará integrada por 38 representantes de las comarcas catalanas (uno por cada una), cinco de Baleares, uno por la sede central y otro por el resto de España. Los 19 representantes municipales restantes serán elegidos por sorteo entre los municipios de Barcelona, Gerona, Mallorca, Menorca e Ibiza.

En Cajamadrid, donde se aplica el reglamento de su Comunidad, la representación fijada por los estatutos es la siguiente: 79 representantes de los impositores, 9 de los empleados y 72 de los ayuntamientos. De estos últimos, 28 corresponden al Ayuntamiento de Madrid y uno al de Barcelona.

El reglamento del conseller de Economía y Hacienda, Josep María Cullell, fue recurrido el pasado mes de octubre ante la Audiencia por el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Municipios de Cataluña y la Diputación de Barcelona. Además, tanto la ley catalana como la ley estatal de cajas de ahorro han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional. El 3 de octubre de 1985 el Gobierno central recurrió la ley catalana, y el 8 de noviembre el Gobierno catalán recurrió la estatal. Fuentes del Tribunal Constitucional manifestaron que ambos recursos están entre los temas previstos para ser abordados durante el primer trimestre de 1987.

En la primera quincena de marzo finaliza el plazo para que las cajas catalanas aprueben sus estatutos. El posterior proceso electoral podría coincidir con los fallos del Tribunal Constitucional y de la Audiencia.