Venezuela dedicó el 50% de sus ingresos en divisas al pago de su deuda externa

El Banco Central de Venezuela ha anunciado que el año 1986 finalizó con un déficit en la balanza de pagos de 3.966 millones de dólares, unos 520.000 millones de pesetas, como resultado de unos ingresos totales de divisas de 10.589 millones y unas salidas de 14.555 millones. Paralelamente, las reservas internacionales disminuyeron a 9.847 millones, registrando una brusca caída de 3.903 millones con respecto a 1985, cuando estaban en 13.750 millones de dólares.

El banco emisor atribuyó este saldo deficitario al bajón que sufrieron los precios petroleros y al aumento en el pago de la, amortización de la deuda externa pública y privada en 1986. En concreto, se destinaron 4.057 millones de dólares al pago de la amortización e intereses de la deuda externa pública y 1.234 millones para la privada. Ambas cifran suman 5.291 millones.Si se promedia este monto con los 10.589 millones de dólares de ingresos de divisas, resulta que Venezuela desembolsó el 50% de sus ingresos para el pago global del servicio de su deuda externa, un porcentaje demasiado alto y contradictorio a la vez con su posición de suscribir declaraciones multilaterales como con el Consenso de Cartagena, donde se exhorta a destinar el 20% de las exportaciones para la cancelación de las obligaciones externas.

Lo que el Gobierno exhibe con orgullo como un gran logro, cual es la cancelación de 5.000 millones de dólares del principal de la deuda externa, "es más bien la confesión involuntaria o inconsciente de un error", afirmó Gumersindo Rodríguez, ex ministro de Cordiplan (oficina de planificación), a quien se le conoce como el autor de los planes faraónicos durante la época de Carlos Andrés Pérez.

Críticas

Ante los resultados negativos de la balanza de pagos, el Ministerio de Hacienda se propone insistir ante los acreedores sobre la necesidad de variar las condiciones de financiación de la deuda externa pública, de 21.000 millones de dólares, firmada en febrero de 1986, pese a que la banca acaba de rechazar la petición, concediéndole una prórroga de 90 días para los primeros vencimientos de 1987 para discutir un nuevo acuerdo de reestructuración.