La investigación sobre la muerte de un preso de Ocaña I exculpa a los funcionarios de la prisión

Los funcionarios de la prisión de Ocaña I que tuvieron, relación con Félix Atienza García, recluso de dicha prisión fallecido el pasado 16 de octubre en un hospital de Madrid, no tienen ninguna responsabilidad en la muerte del mismo, según la información médica reservada abierta por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP) a raíz de la muerte del recluso.El instructor de la información e Inspector de Sanidad de la DGIP propone el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones practicadas por dicha dirección general al entender que "no existen indicios racionales de responsabilidad administrativo-disciplinaria en la actuación de ningún funcionario de Instituciones Penitenciarias que tuvieron relación con el fallecido".

La información añade que "la actuación profesional de todos aquellos que tuvieron relación con Félix Atienza fue correcta sin que se haya advertido ningún tipo de irregularidad digno de ser reseñado".

Félix Atienza falleció repentinamente el pasado 16 de octubre en el Hospital Provincial de Madrid, adonde había sido trasladado dos días antes desde el Hospital General Penitenciario. A éste último centro había sido conducido el 12 de octubre desde la enfermería de Ocaña I.

La información reservada, cuya apertura ordenó la DGIP a la Inspección de Sanidad el mismo día del fallecimiento del recluso y que concluyó el pasado lunes, repasa todas las actuaciones médicas practicadas y documentadas en el caso de Atienza, desde que Ingresa en la enfermería de Ocaña I y señala qué en todo momento fue sometido a un tratamiento médico adecuado.

La familia del recluso había manifestado a la Prensa a primeros de octubre que Atienza estaba en "absoluto abandono" sanitario. Tras la muerte de Atienza, su familia presentó una querella criminal por los presuntos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte, denegación de auxilio y omisión del deber de socorro contra el ministro de Justicia, Fernando Ledesma; el defensor del pueblo, Joaquin Ruiz-Giménez; el director general de Prisiones, Andrés Márquez Aranda, y el director, el subdirector y el médico de Ocaña I, Gabino Castilla, Regalado Almenara Torres y Ernesto Díaz Yagüe, respectivamente.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la que fue presentada la querella, estimó la semana pasada que no apreciaba delito en la actuación de los dos querellados que son aforados (Ledesma y Ruiz-Giménez) y remitió las demás actuaciones al juzgado de Ocaña, que aún está realizando las diligencias pertinentes.