El Gobierno vasco defiende la legalidad del cobro de cesantías por altos cargos

El Gobierno vasco opina que el cobro de cesantías por altos cargos y puestos de confianza es legal, amparándose en la ley de Gobierno del año 1981 y en un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1984, y exige a Euskadiko Ezkerra que cualquier denuncia sobre que tales percepciones rozan la ilegalidad la curse ante los tribunales, según informó ayer en Vitoria el consejero de Presidencia, Juan Ramón Guevara.

Guevara, al que acompañó el portavoz del Ejecutivo autónomo vasco, Eugenio lbarzábal, en su comparecencia ante los medios de comunicación, confirmó que José Antonio Ardanza, actual lendakari del Gobierno vasco, percibió cerca de 1.200.000 pesetas por abandonar su cargo de diputado general de Guipúzcoa.Según los datos facilitados ayer por el Gobierno vasco, que también fueron remitidos al Parlamento hace más de un mes, 120 personas de la Administración autónoma se han beneficiado desde 1981 del cobro de cesantías. El volumen total de estas percepciones asciende a 280 millones de pesetas.

El consejero de la Presidencia afirmó desconocer si había habido algún caso de renuncia al cobro de cesantías, aunque remarcó que en caso de que se hubiera producido alguno, siempre fue aisladamente.

La legalidad del cobro de percepciones la basa el Gobierno vasco en la ley de Gobierno, cuyo artículo 37 recoge el pago de cesantías a altos cargos y personas de confianza que cesaron en la Administración vasca. Este artículo fue apoyado unánimemente cuando se aprobó en el Parlamento vasco, por los grupos presentes en la Cámara.

Posteriormente, en enero de 1984, el Consejo de Gobierno adoptó un acuerdo en el que se clarificaban algunos supuestos de aplicación práctica de la ley sobre las cesantías. A finales de febrero pasado, el Ejecutivo facilitó al Parlamento vasco información sobre el total de personas que habían percibido cesantías de la Administración autónoma.

El Gabinete Ardanza se ha limitado a cumplir escrupulosamente ambos acuerdos, según el consejero de la Presidencia, que añadió que el cobro de cesantías venía produciéndose desde la época del Consejo General Vasco. El Gobierno vasco remarcó que cuando las Juntas Generales de Guipúzcoa, en virtud de cuyo acuerdo Ardanza ha cobrado la cesantía, abordaron el problema, los partidos votaron unánimemente a favor de la percepción de cantidades por cese o dimisión.

En un documento hecho público ayer por Guevara, el Gobierno vasco considera que las denuncias de Euskadiko Ezkerra se comprenden desde la base de que "cuando un grupo político carece de proyecto, la demagogia, el catastrofismo y los ataques personales se convierten en el único medio donde poder remarcar la identidad política perdida. Si a esto se le añade", prosigue el informe gubernamental, la cercanía de unas elecciones, es fácil comprender el nerviosismo y la angustia que han obligado a actuar de este modo".

Por su parte Xabier Olaberri, diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, declaró ayer que su partido seguirá la vía parlamentaria para conseguir que cese el pago de cesantías y que se devuelva el dinero asignado por este concepto. Olaberri agregó que en caso de no lograr sus propósitos por esta vía recurrirán a los tribunales.