El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera paraliza unas obras del MOPU

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha paralizado unas obras que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo estaba realizando en un cruce, enlace entre la carretera de Sanlucar y la N-4, por no ajustarse a lo previsto dentro del Plan General de Ordenación Urbana. El alcalde, el andalucista Pedro Pacheco, exige además que se solicite para las mismas la licencia municipal, y el pago de cinco millones de pesetas en concepto de tasas.La Administración, a través del gobernador civil, Mariano Baquedano, va a recurrir ante los tribunales para pedir la inmediata reanudación de las obras.

El proyecto fue cuestionado desde el principio por la alcaldía de Jerez, por lo que fueron necesarias una serie de reuniones en las que se buscó el consenso. Según fuentes del MOPU, el Ayuntamiento había dado su visto bueno cuando comenzaron las obras. Las posibles irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a quien se les ha prohibido realizar cualquier tipo de manifestación, y consistían en la elevación de las cotas de la calzada y el consiguiente enterramiento de las cercanas edificaciones.

El gobernador civil asegura estar sorprendido por esta "tajante medida", cuando él mismo había propiciado el diálogo y conocía la consecución de un acuerdo. Acusa por todo ello al alcalde de Jerez de provocar una beligerancia que nadie deseaba y ha decidido acudir de forma directa a la actuación legal para que se anule la orden de la alcaldía y puedan proseguir las obras; incluso podría llegarse a la querella criminal si Pedro Pacheco se hubiera sobrepasado en sus funciones.

En la obra presupuestada en 132 millones de pesetas se está cumpliendo la totalidad del acuerdo, insiste el Ministerio de Obras Públicas, en cualquier caso si así no fuera el Gobierno Civil piensa exigir en el seno de la propia Administración las responsabilidades oportunas.

El alcalde de Jerez se encuentra ausente de la población desde el miércoles, fecha en la que ordenó la paralización de las obras. Como político no es la primera vez que se enfrenta a otras administraciones en lo que considera defensa de las competencias municipales. Por distintas razones ha entrado en disputa con la Diputación provincial, con la Junta de Andalucía y ahora con un ministerio de la Administración central. A pesar de sus exigencias el Gobierno Civil no piensa solicitar licencia para las obras y se niega al pago de la supuesta deuda de cinco millones de pesetas porque asegura que el Estado cuando realiza obras de beneficio público no tiene que pagar tasas.