El tinglado la farsa

HACE MUCHOS años que se espera una ley del teatro que repare los grandes destrozos creados en este antiguo y perseguido arte y deje lugar para su libertad; lo que ha aparecido, en cambio, es una orden ministerial que tiende a institucionalizar una situación de hecho que todo el mundo reconoce como mala y a comprar con dinero público el derecho a representar.El teatro depende hoy de un enjambre de ministerios: el de Justicia, que le arrebata el impuesto de menores, surgido de una filosofía de castigo (reparar el mal moral que brota de los escenarios ayudando con ese dinero a los menores desvalidos); el de Hacienda, que no considera su interés cultural y artesano a la hora de la fiscalidad; el de Interior, que mantiene leyes prohibitivas sobre salas y representaciones -lo que se entiende por policía de espectáculos-; el de Educación, que tiene el monopolio de la enseñanza, con una escuela que es un gueto de catedráticos mal pagados trabajando en aulas sórdidas; y el de Obras Públicas, que está reconstruyendo antiguas salas. Luego está, claro, el de Cultura, y la fronda añadida de los organismos autonómicos.

Se esperaba que el cambio socialista hiciera desaparecer cargas, trabas y tutelas; todas, sin embargo, permanecen y se consagra ahora una dependencia más: la del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales (INAEM), nombre espectacular que toma ahora la anterior Dirección General de Teatro y Música. El Instituto será el administrador de la orden que va a totalizar el teatro todavía piadosamente llamado privado en España, junto a los teatros públicos de los que ya directamente es empresario. Invocando la libertad, se hace desaparecer la libertad. El INAEM va a dar dinero, en cantidades hasta ahora no fijadas y a personas o entidades cuyo número se desconoce, a cambio de unas obligaciones de programación y de re presentación, a unos viajes y a unos precios de localidades. Va a seleccionar los autores haciendo encargos de obras, que aceptará o rechazará según su gusto y a los que las compañías o los teatros concertados tendrán que acudir; crea la confusa profesión de dramaturgo y la institucionaliza.

La orden tiene la suficiente hipocresía como para respetar la libertad de quienes quieran hacer teatro al margen; pero en una situación cultural como la que padecemos quien no tenga a su disposición el dinero público, las salas reconstruidas o la renovación tecnológica no podrá trabajar, pues se encontrará con la concurrencia de los precios políticos y el teatro de lujo que va a emanar del sector público y semipúblico, mientras sobre él pesarán las cargas y tutelas que no se suprimen.

El Estado promoverá así las programaciones que le apetezcan o le convengan y sustituirá un elemento que hasta ahora había sido considerado como imprescindible en el mundo del espectáculo: el público. Hasta el punto de que puede darse él caso de que haya que retirar obras en pleno éxito por obligaciones con la orden, o el contrario, que haya que mantener en cartel lo que nadie va a ver.

Puede que una profesión que agoniza por sequedad económica acoja con alivio la posibilidad de cazar dinero y poder seguir trabajando, y puede también que la antigua capacidad de burla de esa profesión le permita en algún caso hacer lo de siempre, lo que ha hecho durante siglos con leyes y persecuciones duras: colocar su mercancía cultural e ideológica por encima de sus tutores. Ser tutor es una forma de ser censor. Pero la realidad es que a lo largo del extenso articulada de la orden que comentamos se ve claramente que todo va a depender de la persona que ejerza el cargo de director general y, en último caso, del ministro del ramo. Mediante este reglamento el teatro queda en manos de una persona, y de las ideas a las que sirva. He aquí el tinglado de la nueva farsa.