Un alto cargo del Insalud admite que la Seguridad Social pague los abortos

José María Rivera, subdirector general del Insalud, aseguró ayer en un debate celebrado en el II Congreso de Planificación Familiar que "los departamentos sanitarios de ginecología del Insalud atenderán las demandas de aborto que se produzcan cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".

La afirmación del subdirector general de Medicina Primaria y Laboral, que acudió al congreso en representación de Ernest Lluch, ministro de Sanidad, contradice la postura del ministerio ante el tema del aborto. Lluch afirmó ayer a Radio El País que ése es un tema que no se ha planteado el Ministerio de Sanidad. "No hay ninguna ley que lo posibilite", añadió. Preguntado por las declaraciones del subdirector general, dijo desconocerlas y señaló que no estaba en condiciones de pronunciarse sobre el tema. El ministro de Sanidad añadió que "el aborto es ilegal en estos momentos; en el futuro, si se legaliza, nos lo plantearemos".En el debate sobre planificación familiar participó también Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer. El subdirector del Insalud presentó el esquema en que secomtempla la atención en materia de planificación familiar dentro del Insalud. En ese contexto señaló que se procederá a una regulación de las esterilizaciones en los centros de la Seguridad Social.

Carlota Bustelo afirmó que la "planificación familiar no está resuelta" en España y propuso que se coordinen los esfuerzos y los recursos para conseguir una red única de asistencia sanitaria es esta materia.

El Instituto de la Mujer realizará una campaña, el próximo mes de abril, sobre planificación familiar, a la que se ha destinado un presupuesto de 175 millones de pesetas. En esta campaña se repartirá un millón de folletos sobre planificación y sexualidad.

El II Congreso de Planificación Familiar, que concluyó ayer en La Coruña, ha servido para constatar las deficiencias de este servicio en la sociedad española. La única comunidad autónoma que ha unificado los servicios de planificación familiar es la andaluza, que en los dos últimos meses ha atendido las consultas de 4.000 parejas en sólo cuatro provincias de la región.

Los primeros centros de planificación que se abrieron en España estaban concentrados principalmente en Madrid, Cataluña y País Vasco

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