La Rumasa que no cesa

La VanguardiaEl auto dictado por el juez madrileño Gil Sáez, por el cual el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los contenidos de la ley de expropiación del holding de Rumasa no puede llegar en peor momento para el Gobierno. Con una crisis ministerial larvada (...), con la posibilidad cierta de que la creación de empleo sea negativa durante toda la extensión de la legislatura y, por supuesto, con el enorme embrollo de la OTAN, sólo faltaba que la abeja volviera a planear sobre el escenario político...En puridad, el auto judicial no tiene consecuencias devastadoras. Aun en el improbable caso (...) de que el Tribunal Constitucional fallara en contra de la constitucionalidad de la ley expropiatoria, es materialmente imposible que Ruiz-Mateos recupere su quebrado imperio. A lo más que podría aspirar es a una masiva indemnización, que provocaría una serie de litigios legales cuya resolución podría demorarse -y no es exageración- hasta el próximo siglo. Porque, evidentemente, el caso Rumasa se ha convertido en una cuestión de Estado, y no es probable que el Gobierno de turno, fuere cual fuese su coloración política, se abstuviera de la utilización de todo el arsenal de recursos legales a su servicio para oponerse o, como mínimo, para demorar al máxima el pago de la indemnización. (...).

Pero todo esto es mera lucubración. La consecuencia más probable del auto es que las autoridades, alemanas denieguen la extradición de Ruiz-Mateos, lo que no parece susceptible de causar excesivos desasosiegos en el Gobierno. En efecto, la detención de Ruiz-Mateos en Francfort más parece que se debió al celo profesional del juez especial del caso, Luis Lerga, que a una decidida acción del Gabinete. (...).

En cualquier caso hay que reconocer la constancia y el reciente acierto del equipo de defensores legales de Ruiz-Mateos (...).

Curiosamente, las autoridades económicas se han apuntado un indiscutible tanto en la celeridad y limpieza con la que procedieron a reprivatizar un número considerable de empresas rumasianas. Aunque la adjudicación del Banco Atlántico a un consorcio de entidades financieras con mayoría de capital árabe hizo arquear las cejas a más de uno, la verdad es que ello ayudó a que la banca española obviara sus profundas reticencias respecto al caso y se uniera para hacerse cargo del resto de la división bancaria de Rumasa. En cuanto a las otras empresas, se han colocado (...) algunas importantes, con mención especial para la cadena hotelera, y, en un plazo razonable de tiempo, se devolverán prácticamente todas a la iniciativa privada. (...).

Por tanto, parecía que Rumasa (...) iba perdiendo importancia en la agenda de las preocupaciones gubernamentales, que no es precisamente ligera. En efecto; incluso se habían llegado a extraer consecuencias positivas del caso (...). En definitiva, el auto del juez madrileño vuelve a poner sobre el tapete la enorme duda que asaltó a la mayoría de los ciudadanos aquel ya lejano 23 de febrero de 1983; a saber: si la expropiación era el único expediente que tenía el Gobierno para enfrentarse a la crisis de Rumasa y, corolario lógico, si es admisible la promulgación de una ley -concepto en sí mismo general- para un caso específico y particular.

7 de octubre