La Generalitat acepta integrar en la red pública de enseñanza a 88 centros privados

Ochenta y ocho centros docentes privados de toda Cataluña están capacitados para integrarse en la red de escuelas públicas de la Generalitat, en aplicación de la ley 14/1983 del Parlamento catalán, según una orden publicada por el Diari Oficial de la Generalitat (DOG).Esta ley establecía una vía excepcional para integrar en la red pública a las escuelas que nacieron en los años sesenta sin afán de lucro y con planteamientos progresistas y catalanistas de la enseñanza. Agrupadas en un un colectivo denominado CEPEPC (Colectivo de Escuelas para la Escuela Pública Catalana), todas ellas han abogado por una escuela pública catalana, incluso cuando tal objetivo parecía imposible por la situación política de antes de 1975.

La orden -publicada en un anexo al DOG que ha aparecido recientemente, aunque con fecha de primero de agosto- precisa que la lista de centros "tiene carácter exclusivamente informativa" y está supeditada a los resultados de la tramitación prevista en la ley.

La aplicación de esta ley ha sufrido innumerables retrasos. El Parlamento catalán la aprobó en julio de 1983 y hasta noviembre no apareció la primera orden que la desarrollaba, lo cual ha motivado manifestaciones de protesta ante la sede central de la Generalitat y frecuentes denuncias a cargo del colectivo y los centros.

Se acogieron a esta ley 70 escuelas del CEPEPC y otras 40 ajenas a este colectivo. Para hacerlo, era preciso que la mayoría absoluta de los padres y de los maestros, en votaciones separadas, solicitaran la integración. La lista publicada recoge, en principio, aquellas escuelas que cumplen los requisitos iniciales, y a partir de ahora cada una de ellas deberá negociar su convenio con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat.

La ley, propuesta por la oposición socialista y comunista, fue aprobada por amplia mayoría, aunque Convergència i Unió, la coalición nacionalista que gobierna la Generalitat, nunca ocultó que no simpatizaba con ella. El conseller de Enseñanza, Joan Guitart, manifestó a EL PAIS el pasado mes de julio, intentando justificar los retrasos en la aplicación de la ley, que el proceso de integración, era "muy complicado".

La ley tiene una vigencia de cmco años únicamente, y establece en su articulado que la Administración. garantizará la gratuidad de la enseñanza y que formalizará contrato administrativo a los profesores de estos centros docentes, en un número homologable al de los centros públicos. Estos deberán incorporarse a la normativa del Departamento de Enseñanza sobre la escuela pública en lo que atañe a alumnado, matrícula y creación y funcionamiento de los órganos colegiales.