Un grupo de abogados critica la actuación de un juez respecto a los detenidos del PSAN

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona elaboró ayer un escrito dirigido a la junta de gobierno del colegio, para que a su vez lo traslade al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el que critica la actuación del juez de guardia Modesto Aríñez, que el pasado lunes acordó el ingreso en prisión de los militantes del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) Jordi Solé Camardons y María Cristina Castillo. Los abogados entienden que "habiéndoseles aplicado la Ley Antiterrorista por los juzgados Centrales de Madrid eran éstos los que debían decidir sobre su puesta en libertad".Las detenciones fueron realizadas en Barcelona en relación con la muerte el pasado viernes en Alcira (Valencia) del activista de Terra Lliure José Antonio Villaescusa, fallecido cuando le estalló un artefacto que presumiblemente iba a colocar en unas oficinas de esa localidad.

Según la Comisión de Defensa, de esta manera el juez Aríñez eludió una decisión sobre la procedencia o no de la libertad "respecto de la cual tenía total competencia por ser la autoridad judicial a cuya disposición fueron puestos los detenidos".

El comunicado lamenta que se vean privados de libertad ciudadanos contra los que no se desprende materia delictiva alguna, a consecuencia de la inhibición de la autoridad judicial sobre un tema que, según la Comisión de Defensa, es de su competencia. Estos hechos se producen, según el escrito, por la capacidad que la Ley Antiterrorista concede a la policía "que es quien decide cuándo debe solicitar la aplicación de dicha ley a los detenidos", sin basar su solicitud en más datos que "su propia opinión y en muchos casos sin existir una base acusatoria".