El cupo económico del País Vasco, escollo entre Madrid y Vitoria

El Gobierno central y el Ejecutivo autónomo vasco agilizarán esta semana las negociaciones relacionadas con los traspasos de funciones y servicios que el Estado debe realizar al País Vasco, para poder celebrar el pleno de la Comisión Mixta de Transferencias antes de que expire el plazo del 31 de julio. La semana entrante los representantes de las dos administraciones mantendrán a este fin reuniones en Madrid. Entre los contactos programados, el de Economía y Hacienda ha despertado enorme expectación, ya que la negociación del cupo, que implica una aportación de la comunidad autónoma a las cargas generales del Estado, vuelve a ser motivo de polémica tras las inundaciones que ocasionaron, el pasado verano, cuantiosas pérdidas en Euskadi.La culminación de las negociaciones en materia de expedientes de regulación de empleo y de los servicios de seguridad e higiene en el trabajo, que tendrá lugar hoy en Madrid, dará paso a los conflictivos traspasos sanitarios.

El desacuerdo entre las dos administraciones frente a la valoración económica de las transferencias sobre Seguridad Social ha sido el principal escollo en el diálogo Madrid-Vitoria. El debate sobre la conveniencia de crear un presupuesto propio, basado en la filosofía del concierto, para asumir la gestión económica de la Seguridad Social (actitud de los nacionalistas) y la valoración homogénea para toda España (actitud del Gobierno socialista) paralizó la negociación hace ya varios meses. Ahora, el ministro Joaquín Almunia y el consejero Ángel Larrañaga reanudan el diálogo para abordar la filosofía que regirá el convenio económico del Insalud y que facilitará, posteriormente, las transferencias sanitarias al País Vasco.

Además de la negociación habitual de los mencionados traspasos, se incorpora en esta ocasión un tema económico que ha supuesto, desde la recuperación de los Conciertos Económicos, en 1981, un conflicto entre los sucesivos gobiernos centrales y el Ejecutivo de Vitoria. El cupo, la cantidad que Euskadi debe pagar al Estado por las cargas generales que no asume, no está determinado de forma definitiva.

Desde 1981, la comunidad autónoma vasca paga al Estado una cantidad provisional en concepto de cupo por el quinquenio 1982-1986. En el primer año (1981) el Gobierno vasco pagó a la Administración central 38.596 millones de pesetas; en 1982 la cantidad ascendió a 48.000 millones. En 1983 el Gobierno vasco debía pagar 63.000 millones de pesetas en tres plazos. El primero se realizó en mayo y el segundo vencía en septiembre, pero, tras las inundaciones que asolaron importantes zonas de la comunidad autónoma, el Consejo de Ministros acordó aplazarlo hasta junio de 1984.