El fiscal pide un total de 46 años de cárcel para los responsables de Renta Catalana

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, ha solicitado un total de 46 años de prisión para los cuatro responsables de la Sociedad Inversora Inmobiliaria Renta Catalana, a quienes se acusa de los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida.El fiscal reclama 14 años de prisión y multa de 200.000 pesetas a Ignacio Baquer Miró, seis años y un día para su hermano Antonio María y 13 años y 200.000 pesetas de multa a Félix María Millet y a Eduardo Guillén Ulloa. Solicita también el ministerio público mil millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

El caso en el que se ve implicado la sociedad Renta Catalana llegó a los juzgados en 1979, cuando numerosos cuentapartícipes que habían depositado el dinero en la firma, prometiéndoles unos elevados intereses a plazo fijo, se vieron convertidos en accionistas de unas sociedades que perdían dinero.

La congelación del pago de estos intereses y las dificultades para recuperar el capital invertido provocaron que algunos perjudicados presentaran querellas en juzgados de instrucción de Cataluña y que posteriormente se organizaran en comisiones de afectados.

En el procedimiento judicial, que después de varios años de gestión se acumuló en el juzgado número 7 de Barcelona, se vieron implicados los diputados por Minoría Catalana en el Congreso, Josep María Trias de Bes y Joaquim Molins. Dada su condición de parlamentarios, el juez instructor remitió la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que procesara, si lo creía pertinente, a los dos políticos. En octubre de 1983 el Supremo declaró que no había lugar al procesamiento de ambos, por considerar que no había indicios de responsabilidad criminal.