El sector privado critica las duras exigencias que le impone la ley del Patrimonio

La imposición expresa de determinadas obligaciones al sector privado, como la declaración al Estado de sus bienes de interés cultural o facilitar el acceso público a sus obras de arte, frente a la falta de compromiso de la Administración en este mismo sentido, así como la imposibilidad de elaborar un inventario del patrimonio cultural español, fueron los puntos que centraron el debate realizado el viernes en la Biblioteca Nacional sobre el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Artístico.

En dicho debate, dedicado fundamentalmente a los bienes muebles y centros de depósito cultural, intervinieron Javier Tusell, miembro de la Fundación Humanismo y Democracia y ex director general de Bellas Artes; José Manuel Mata, subdirector general de Archivos; Lorenzo Martínez, presidente de la Asociación de Anticuarios; Araceli Pereda, directora del Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, y Ricardo Jérez, archivero."Este proyecto de ley sólo habla sobre las responsabilidades del sector privado, mientras que no dice nada respecto a la Administración", dijo Lorenzo Martínez. "Obliga a inventariar al sector privado, por ejemplo; algo que no hace el Estado con sus propios bienes". Tanto el presidente de los anticuarios como Javier Tusell hicieron hincapié en lo absurdo de la pretensión del proyecto de ley de catalogar todos los bienes de interés cultu ral, sin distinción alguna. "Y si no se distingue entre las vinageras del siglo pasado, de las que hay miles, y un grabado de Fortuny, estamos perdidos", dijo Tusell, que aludió a la inviabilidad de la ley en este sentido, ya que es imposible hacer un catálo go general de "esos millones y millones de objetos".

"Según el proyecto de ley", añadió, "el particular debe incluso declarar al Estado todos los libros que posea con más de 100 años. ¿Qué consigue la Administración teniendo esa lista interminable? Francamente, me parece una melonada".

La propuesta realizada por Lorenzo Martínez consistió en establecer tres categorías para los bienes muebles de interés cultural, en cuyo caso, sólo los que "pudieran ser considerados hitos en el proceso histórico-artístico español o universal, o alcanzar una excepcional calidad artística", serían objeto de protección especial e inventariables.

"Si la responsabilidad de los funcionarios no está expresada en esta ley -dijo José Manuel Mata- es porque ésta ya está recogida en otras leyes. Este proyecto exige también al Estado, porque cuando habla de los propietarios está incluida la Administración. En cuanto a la viabilidad de la ley existe una gran ventaja respecto a la ley de 1933, porque hoy no hay una, sino 18 administraciones que van a velar por su realización".