La lucha contra el fraude, prioritaria sobre la subida de los tipos impositivos

La lucha contra las grandes bolsas de fraude fiscal es uno de los objetivos prioritarios del actual Gobierno, según se desprende de las manifestaciones realizadas por el Ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, tras la conclusión del Consejo de Ministros celebrado ayer. Boyer calificó las nuevas medidas como "el ataque más fuerte realizado en España contra las bolsas de fraude fiscal".El ministro manifestó que el Gobierno considera más razonable la lucha contra el fraude fiscal que la elevación de los tipos impositivos, "porque no es admisible que haya ciudadanos de niveles de renta media y alta que eludan sus deberes fiscales".

La ley sobre la represión del fraude fiscal que el Gobierno enviará a las Cortes tendrá el carácter de orgánica, ya que supone la reforma del artículo 319 del Código Penal, texto que tiene ese rango. Según este anteproyecto de ley, se eleva de dos a cinco millones de pesetas la cuantía mínima para que este tipo de delito resulte perseguible.

Boyer añadió que todavía no han sido decididas la cuantía de las multas ni las penas de privación de libertad que se puedan derivar de estos delitos.

"Las penas que se establecerán a los delitos fiscales, tanto multas como privaciones de libertad, se concentrarán", dijo el ministro, "en los casos más importantes. No se pretende sancionar ni meter en la cárcel a gran cantidad de ciudadanos. Se pretende fundamentalmente incidir en el valor de disuasión de estas medidas".

Boyer manifestó que el Gobierno no teme en ningún caso que pueda producirse una salida de dinero del país en el caso de que se aprobara este paquete de medidas. "Éste es el mejor momento de la historia reciente para adoptar una medida de estas características", declaró. Aparte de los propios controles ya existentes para evitar fugas de capitales, los elevados tipos de interés actualmente vigentes en España desaconsejan una decisión de este tipo, según el criterio que expuso.

El ministro añadió que el Gobierno podrá publicar mensualmente la lista de sancionados por infracciones a las personas condenadas por delitos fiscales en los tribunales.