El Gobierno balear y la Administración central se enfrentan por la regulación de avales

La negativa del presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares, el aliancista Gabriel Cañellas, a aceptar el requerimiento de la Administración central para que derogue un decreto de su Gabinete por el que se faculta la regulación de avales de la citada comunidad, ha provocado el primer conflicto entre el Gobierno central y la comunidad autónoma que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.El pasado 30 de marzo el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, comunicó al presidente Cañellas el acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado el 28 de marzo, según el cual el Gobierno de la nación decidió requerir al Consejo de Gobierno de las islas Baleares para que "derogue el Decreto sobre Regulación de Avales de la Comunidad Autónoma o, alternativamente, modifique su contenido de forma que se reconozca expresamente la facultad de autorización establecida por el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)". Este artículo plantea "la previa autorización del Estado a las operaciones de crédito concertadas en el extranjero por las comunidades autónomas, así como la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público por parte de las mismas".

El requerimiento del Gobierno central prevé que, en el caso de que el Gobierno de Baleares no derogue o modifique el decreto 94/ 83, de 22 de diciembre, se plantearán "ante el Tribunal Constitucional las acciones procedentes", además de solicitar dictamen del Consejo de Estado sobre el asunto. Gabriel Cañellas, por su parte, ha declarado que "no vamos ni a modificar, ni a derogar el decreto, porque entendemos que no se puede hacer una interpretación restrictiva de la LOFCA, como la apuntada por el Consejo de Ministros, y ya nos veremos en el Tribunal Constitucional".