Los 12 miembros del Tribunal Constitucional entregaron ayer su declaración al Supremo

El presidente y los otros 11 magistrados del Tribunal Constitucional entregaron ayer su declaración al Tribunal Supremo en las diligencias previas que está tramitando su Sala Segunda para esclarecer cómo se produjo la anticipación de la publicación por EL PAIS de la sentencia sobre Rumasa, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas.La declaración, de la que se desconoce su contenido, fue hecha por escrito y entregada en la presidencia del Tribunal Supremo, de donde fue remitida a la sala segunda del alto Tribunal, según otras fuentes. Aunque todos los medios consultados destacaron el carácter secreto de la declaración, en medios jurídicos se apuntaba que todos los magistrados habían redactado una certificación cuyo contenido es idéntico. Tanto los magistrados del Tribunal Constitucional, como los del Tribunal Supremo, guardan el más absoluto hermetismo sobre lo que entienden que constituye parte de una investigación de tipo penal.

Para la fiscalía no hubo delito

La fiscalía del Tribunal Supremo, que ya se opuso a la admisión de la querella de Ruiz-Mateos, tanto en su carácter de querella como en el de denuncia, no ha recibido notificación oficial sobre la entrega de la declaración de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un portavoz de la fiscalía informó que cuando las diligencias concluyan, deberán pasar para informe a la fiscalía, y "tendrían que cambiar mucho las cosas para que modificáramos nuestra opinión de que no hubo delito. Puede que haya habido una falta de cortesía o indiscreción, pero en todo caso, si mereciera corrección, debiera ser por parte del propio Tribunal Constitucional, y nunca por el Tribunal Supremo".

En los próximos días la sala segunda del Tribunal Supremo deberá adoptar una resolución al respecto. También deberá decidir acerca de la fianza a imponer a José María Ruiz-Mateos para ejercitar la acción popular en la denuncia que formuló contra uno o varios magistrados del Tribunal Constitucional por un posible delito de revelación de secreto. Acerca de la cuantía de la fianza, el abogado de Ruiz-Mateos, Crispín de Vicente, manifestó a este periódico que los precedentes más próximos sobre el ejercicio de la acción popular en querella presentada ante el Tribunal Supremo eran de un millón de pesetas, como ya se fijó en las querellas del PSOE y PCE contra altos cargos de Televisión Española.