Carlos Ferrer afirma que los empresarios se sienten preocupados

"Todavía es muy reciente la sentencia y no hemos tenido ocasión de estudiarla a fondo, pero en principio debemos manifestar una gran preocupación porque establece normas singulares sobre la expropiación que atacan el derecho de propiedad", declaró Carlos Ferrer Salat, presidente de la patronal CEOE, en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al decreto de expropiación de Rumasa.La preocupación de los empresarios se produce también, en opinión de Ferrer Salat, por el modo en que se realizó la expropiación y porque parece haber prevalecido como filosofía de la decisión la situación creada después del decreto-ley, ante las complejísimas secuelas que se hubieran derivado. Para los empresarios, ha triunfado una razón de Estado por encima de las estrictamente jurídicas.

El presidente de la cúpula empresarial señaló que "desde el punto de vista empresarial, la sentencia ha causado gran preocupación", ya que en el momento de la expropiación se manifestaron contra la inseguridad jurídica que conllevaba y confiaban en que la sentencia fuera desfavorable a la posición del Gobierno. Carlos Ferrer terminó sus declaraciones diciendo que la patronal se atiene a los hechos y que, a pesar de que portavoces del PSOE han afirmado que no habrá más nacionalizaciones, no acaban de creerlo. En este sentido, dio como bueno que se quiere reprivatizar todo lo expropiado, pero recordó que ya se ha anunciado que la finca La Almoraima permanecerá en el Patrimonio del Estado.

Un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) contestó negativamente a la posibilidad de hacer algún tipo de declaración en tanto no tuvieran en su poder la sentencia y la hubieran estudiado con sus asesores legales. En medios cercanos a las presidencias de los siete grandes bancos nacionales se contestó en el mismo sentido, aduciendo en algunos casos la ausencia de todos los responsables autorizados de estas entidades. Alfredo Molinas, presidente de la patronal catalana Fomento de Trabajo Nacional, tampoco quiso pronunciarse.

Cerrar las facultades

"A partir de hoy, tal vez sea conveniente cerrar las Facultades de Derecho para que recapacitemos sobre lo que los profesores veníamos enseñando", manifestó a Europa Press el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Jiménez de Parga.

El catedrático expuso una tesis radicalmente opuesta 4 la de esta alta magistratura y señaló que "mi opinión es rotundamente contraria a la tesis mantenida por seis magistrados frente a otros tantos compañeros. Si el Tribunal Constitucional hubiese cumplido la ley, dictando la sentencia en el plazo máximo previsto por las correspondientes normas jurídicas, este fallo de la mayoría hubiese resultado imposible".

"Sorprende que una clara infracción de la ley permita llegar a una determinada resolución. Jurídicamente no es admisible cubrir con la ley un anterior decreto-ley, que es una norma distinta".