El Grupo Popular defiende una protección específica para la religión católica

El Senado dedicó ayer su sesión plenaria, en jornadas de mañana y tarde, al debate de la reforma urgente y parcial del Código Penal, que el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, justificó como necesaria para salvar el desfase existente entre las penas que impone el vigente Código y la realidad social actual. Entre los temas más discutidos figuran la despenalización de la mera tenencia de drogas para el consumo y el tratamiento igualitario que se concede a la religión católica respecto a las demás, cuestión esta última que suscitó el abucheo de los senadores socialistas a las posiciones mantenidas por el Grupo Popular.

El abucheo se produjo cuando el senador del citado grupo Juan Antonio Bolea, insistió en que se estableciera una protección penal específica a la "religión catóhca", en lugar de la protección general que el nuevo Código Penal dispensa a todas las religíones, dentro de los delitos contra la libertad de conciencia. El socialista Antonio Ramis recordó que el propio Manuel Fraga, como ponente de la Constitución, aceptó la consagración, al más alto nivel jurídico, de la libertad religiosa, como consecuencia de la cual no debe haber tratado de favor para ninguna religión.Previamente, el senador del Grupo Popular Agustín de la Sierra escuchó risas y aplausos irónicos procedentes de los escaños socialistas, cuando argumentó en favor de que se considerara como circunstancia agravante ejecutar el hecho delictivo "con menosprecio deliberado en un lugar destinado al culto religioso".

Estas enmiendas fueron rechazadas, del mismo modo que las defendidas frente al texto que despenaaa la mera tenencia de drogas para el consumo y distingue, para la penalización del cultivo, fabricación o tráfico, entre las que causen grave daño a la salud -que se castigarán con prisión menor y multa de 30.000 a 1.500.000 pesetas- y las restantes, que se castigarán con arresto mayor.Al principio del debate intervino el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, que invocó la Constitución como máxima expresión normativa y subrayó que consagra la igualdad como un valor superior. Destacó la nueva regulación de los delitos contra la propiedad, en la que desaparece la gravedad en virtud de su cuantía. Acusó de hipócritas a quienes defienden la honestidad de la mujer "pero no se preocupan de defender su libertad e independencia sexual", y resaltó la nueva protección a la libertad sindical y de huelga y la penalización para los delitos contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad en el trabajo.