La transferencia de 'La Almoraima' al Patrimonio causa satisfacción en Cádiz

La decisión del Consejo de Ministros de afectar definitivamente al Patrimonio del Estado la finca La Almoraima, uno de los mayores latifundios del continente europeo, incautado junto a las demás propiedades de Rumasa, ha causado satisfacción en los municipios gaditanos en cuyos términos municipales se ubica Y cierta esperanza en la Junta de Andalucía sobre su futura integración dentro del patrimonio colectivo agrario de la región.Nada más producirse la expropiación de los bienes de Rumasa, el consejero de Agricultura del Gobierno andaluz, Miguel Manaute, tuvo intención de dirigirse al Gobierno central solicitado el traspaso de la gran finca, con 16.000 hectáreas de extensión, a la Junta. No obstante, razones de presencia política y económica hicieron que el Consejo de Gobierno que preside Rafael Escuredo se limitase a pedir información sobre las propiedades incautadas al holding en territorio andaluz y expresar su deseo de ser consultado sobre el futuro de cada uno de estos bienes requisados.

Esta decisión fue considerada tímida en su momento por diversos sectores sociales y políticos. Tanto los Ayuntamientos de Castellar de la Frontera y Jimena, donde está La AImoraima, como la Diputación de Cádiz habían mostrado su preocupación porque el latifundio no volviese a manos privadas y su disposición favorable a participar en su gestión. Por su parte, PCE y PSA presentaron sendas iniciativas en el Parlamento autónomo en demanda de la apropiación colectiva de todas las fincas andaluzas de Rumasa.

Precisamente el acuerdo del Consejo de Ministros coincidió con el encierro que mantenían en la provincia de Cádiz grupos de afiliados al Sindicato de Obreros del Campo, que reivindicaban, entre otras medidas, la no reprivatización de La Almoraima.

Manaute, tras expresar su sorpresa por la medida gubernamental, de la que se enteró por los periodistas, explicó que la expropiación definitiva abre más posibilidades de intervención al Gobierno andaluz, ya que la finca quedará bajo la administración del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), y la Junta viene pidiendo, en negociaciones con el Gobierno central, que se le traspasen todas las competencias del citado organismo, y las del Iryda.