El director de Salud alerta sobre la posible inseguridad de algunas incubadoras infantiles

A raíz del accidente de una incubadora en la clínica El Carmen, de Calahorra (La Rioja), que costó la vida a las dos gemelas que se encontraban en su interior, e independientemente del resultado de la investigación en marcha sobre las condiciones de mantenimiento de esa incubadora en particular, el director de la Salud de La Rioja, Higinio Casamayor, ha enviado un escrito al director general de Inspección del Consumo, Juan Miguel Ponz, mostrando su preocupación por la falta de seguridad de este tipo de incubadoras, que pueden estar funcionando en otras clínicas y hospitales de todo el país.

La causa de la muerte de las gemelas, que sufrieron importantes quemaduras, fue la inhalación de humo tóxico, al quemarse los cables como consecuencia de un cortocircuito. En este modelo de incubadoras, fabricado por la casa CIAT hace diez años, están comunicados el habitáculo destinado a los niños y el lugar donde está el sistema eléctrico. Esta circunstancia propició que el humo y los gases, en vez de salir fuera de la incubadora, se propagasen hasta donde estaban las niñas.

En otros sitios

Las incubadoras modernas no están comunicadas, "pero mucho me temo", dice Higinio Casamayor, "que haya todavía bastantes centros sanitarios en los que sigan funcionando incubadoras como la que produjo este accidente, y hechos como éste podrían llegar a producirse en otros sitios".Inmediatamente después de conocerse el accidente, la Dirección Provincial de Sanidad cursó un oficio escrito con las características técnicas de la incubadora, por si se consideraba necesario abrir una investigación entre los aparatos de la misma marca y modelo que se encuentren en el mercado.

En estos momentos no existe ninguna normativa sobre condiciones de seguridad en incubadoras. "A mi modo de ver", señala Higinio Casamayor, "sería necesario que, partiendo de este accidente, se ordenase por parte del Ministerio una revisión de todas las incubadoras que hubiera en centros públicos, y principalmente en los privados, y que se dictaran unas condiciones mínimas de seguridad, ordenando la retirada de los aparatos que no las cumplan".