Otras cuatro empresas expropiadas no pertenecían al 'holding'

Al menos cuatro empresas más, aparte de las tres devueltas al sector privado el pasado día 25, se encuentran en estos momentos expropiadas por error por el Gobierno, según la CEOE. "La decisión tomada por el Gobierno de expropiar Rumasa afecta negativamente al necesario clima de confianza empresarial para hacer frente a la crisis económica y superar el grave problema del paro", afirmó ayer Carlos Ferrer, presidente de la patronal CEOE, en el transcurso de una conferencia de prensa. Las críticas de CEOE al Gobierno, que coinciden plenamente con las expresadas por el Grupo Popular en el debate sobre Rumasa en el Pleno del Congreso, se han centrado más en la forma en que se ha llevado a cabo la intervención gubernamental del holding, que en el fondo de la medida.Carlos Ferrer, cuyas opiniones no sólo coinciden con las del Grupo Popular sino que se distancian claramente de las adelantadas por el sector bancario y por algunos grandes empresarios (que se muestran mucho menos críticos a la decisión del Gobierno), calificó el Pleno del Congreso sobre Rumasa de "instructivo" y afirmó que existen dudas serias y razonables sobre la legalidad y constitucionalidad de la medida tomada por el Gobierno.

Preguntado por este diario sobre si la intervención gubernamental de un grupo de bancos y empresas como el de Rumasa, con graves irregularidades, grandes pérdidas y con empresas como una cadena de grandes almacenes, firmas de caldos jerezanos o de artículos de piel, debía considerarse un atentado a la iniciativa privada o por el contrario como una ayuda del Estado al sector privado, Carlos Ferrer reconoció que en la mayoría de los países en que se plantean este tipo de situaciones el Estado interviene, y que tal intervención no puede ser considerada como una medida específica de derechas o izquierdas. Para a continuación añadir que, no obstante, la CEOE tenía que basar sus juicios en hechos, y que por ahora lo que existía era un decreto de expropiación que significa nacionalizar, y que la futura devolución de las empresas a la iniciativa privada son todavía declaraciones que el tiempo deberá confirmar o desmentir.

Clima de desconfianza

Según Carlos Ferrer, las declaraciones hechas por el ministro, días antes de la expropiación, sobre las dificultades que se estaban produciendio con las auditorías en Rumasa, contribuyeron a la creación de un clima de desconfianza previo, que precipitó las cosas.Ferrer insistió en la precipitación de la medida tomada por el Gobierno. "Como muestra de esta precipitación", añadió, "baste decir que, además de las empresas expropiadas por error cuya desintervención apareció en el Boletín Oficial del Estado del 25 de febrero (Roca, Fletamentos Marítimos y Túneles del Tibidabo), nosotros hemos detectado, en estos pocos días que han transcurrido, otras cuatro empresas que se encuentran intervenidas y que no están participadas o lo están en proporciones mínimas por Rumasa".

El presidente de CEOE señaló que las cuatro empresas citadas son: Bolsanor, en la que Rumasa vendió su 20% de participación en 1982 y que se encuentra injustamente impedida en estos momentos para actuar en Bolsa; Naviera de Nalón, en la que el holding no tenía participación desde 1981; y Angel Ubeda y Compañía, y Ondara, en las que Rumasa tampoco tiene participación en capital.

Preguntado sobre la posibilidad de que estas empresas interpongan acciones legales, el presidente de CEOE, en tono irónico, respondió: "Lo primero que han hecho ha sido intentar que alguien los reciba, sin éxito hasta el momento. Ya que han sido expropiadas por error, intentan que su nuevo propietario, la Dirección del Patrimonio del Estado, los reciba para deshacer el mal entendido".

José María Cuevas, secretario general de CEOE, que acompañaba en la conferencia de prensa a Carlos Ferrer, declaró que a la organización patronal han llegado numerosas denuncias, que están documentando, sobre el comportamiento de determinados altos cargos de la administración.

Empresarios que han acudido a la Administración a proponer fórmulas de pago aplazado o moratorias para deudas fiscales o cuotas de la Seguridad Social han recibido "sugerencias", según Jose María Cuevas, de que determinadas concesiones sindicales a una central (previsiblemente UGT, aunque sin citar estas siglas) favorecerían el acuerdo solicitado.

Por otra parte, el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, ha declarado a los periodistas del equipo Crónica que "la solución para Banca Catalana habría sido más barata para el erario público con el sistema aplicado a los bancos de Rumasa, que con la adoptada", según informa la agencia Efe.