Los políticos creen excesivo el plazo para la devolución del poder en Argentina

Los dirigentes de los principales partidos políticos argentinos coinciden en la necesidad de acortar el plazo previsto entre la realización de las elecciones el 30 de octubre de este año y la entrega del poder el 30 de enero de 1984.El notario Deolindo Bittel, vicepresidente del Consejo Nacional Justicialista, señaló que la demora no tiene ningún fundamento constitucional, y el ex ministro Antonio Cafiero, también portavoz del peronismo, insistió en que "no hay más margen para la especulación y el país ya no tolera que el desgaste continúe hasta 1984. La devolución del poder debe efectuarse a los treinta días de celebradas las elecciones".

Por su parte, el presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, Carlos Contín, sostuvo que "a partir de ahora el Gobierno debe demostrar en todos sus actos que la decisión anunciada por el presidente es irrevocable" y estimó que "se pueden acortar los plazos previstos para la constitución del colegio electoral y de la Asamblea legislativa".

Martín Dip, secretario general de la Democracia Cristiana, recordó que ya había insistido sobre el tema al general Bignone en la última reunión: "Le dijimos que era imprescindible que el poder fuera entregado no más allá de noviembre, para que las nuevas autoridades tengan participación en la elaboración del presupuesto de 1984 y en la designación de los altos mandos de las fuerzas armadas. El presidente, en su momento, nos dio la seguridad de que seríamos consultados sobre estos temas y de que los nombramientos de las cúpulas militares deberían ser confirmados por el Senado".

Sorpresa por la decisión militar

La confirmación oficial de la entrega del poder el 30 de enero de 1984 provocó cierta sorpresa entre algunos dirigentes, quienes estimaban que el Gobierno optaría finalmente por cumplir los requisitos constitucionales en sesenta días como máximo. Ese era también el compromiso que, según parece, había asumido Bignone en el diálogo político.La modificación de esa fecha aparece ahora como una imposición más dentro de las nuevas pautas políticas y económicas fijadas por la Junta Militar en las imprevistas y sucesivas reuniones de la semana pasada.