Arrecian las críticas contra la 'ley de rebajas'

Las críticas empresariales a la llamada ley catalana de rebajas han crecido en los últimos días, a la espera de que el Gobierno u otra institución con facultad para ello, presenten recurso de inconstitucionalidad. Después de haber centrado el pasado domingo las conclusiones de un dictamen encargado al profesor García Enterría, que considera dicho texto inconstitucional, las patronales ANGED y AMED, representantes de las grandes y medianas empresas de distribución, entregarán hoy a la prensa el estudio del citado administrativista participante en diversos informes previos a la LOAPA y en un libro sobre reparto de competencias publicado por el Instituto de Estudios Económicos.Las reacciones contra la ley se han extendido también entre las cámaras de comercio. Tras una reunión del comité ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras, donde están presentes las de grandes capitales, entre ellas Barcelona y Madrid, la comisión de ordenación comercial de la organización madrileña se ha pronunciado contra la ley, al parecer por considerar que la declaración de José María Figueras, empresario catalán que preside dicho consejo, no recogía claramente el temor empresarial a que proliferen en las comunidades autónomas legislaciones como la catalana.

Dudoso oportunismo

La comisión madrileña ha decidido calificar la ley en los órganos camerales como de dudoso oportunismo, dañina para la competencia y libertad de mercado, rígida, ambigua, y prematura por no haber sido precedida de una ley de comercio estatal, que se considera urgente.El presidente de la Cámara madrileña, Adrián Piera, ha confirmado dicha reunión y ha dicho que, como partidario del libre comercio, aprecia excesivo intervencionismo en la ley catalana. A su juicio, no sólo perjudica al comercio, sino a la industria en sus relaciones con el mismo, y también al consumidor, pues impide que la competencia se traduzca en mejores precios". "Desgraciadamente", dijo, "cuando se hacen rebajas es porque la situación económica lo aconseja y cuando las ventas no han obedecido a las expectativas y es necesario conseguir liquidez. Según Piera, el modelo belga seguido por la ley catalana rige para todo el estado y no solo en una parte.