El Ejecutivo mantiene la aplicación de las incompatibilidades a los parlamentarios

Es absolutamente falso que el Gobierno piense en la posibilidad de aplazar, hasta la próxima legislatura, la aplicación de la ley orgánica de incompatibilidades parlamentarias, posibilidad que fue difundida ayer por una agencia de noticias, según informó a este periódico el director general de Relaciones Informativas. La agencia citaba "fuentes solventes de la Administración" y decía que, aunque ninguna posición es la definitiva hasta que un proyecto sale aprobado del Consejo de Ministros, el Gobierno podría tomar la decisión de aplazar la aplicación de la ley a los parlamentarios no por razones jurídicas, sino políticas, y añadía que la medida había suscitado discrepancias.El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz Cosculluela, manifestó por su parte que "mal puede producir controversia una noticia que desconozco en mi doble condición de portavoz y miembro de la ejecutiva del partido" y añadió que "es precisamente en el ámbito parlamentario donde más prisa tenemos en aplicar las incompatibilidades, para dar ejemplo". Asimismo, Sáenz Cosculluela dijo que en el grupo socialista se había iniciado un debate para ver qué sistema podría emplearse para controlar las actividades privadas de los diputados y senadores y comprobar así el grado de incompatibilidad entre éstas y su función parlamentaria. "No se trata", afirmó el portavoz, "de ir contra nadie, sino de que nadie esté influido al votar una ley. Yo creo que no es necesario prohibir la actividad privada, pero sí quizá reducirla u organizar un registro de intereses. Estas posibles fórmulas son las que estamos debatiendo".