Indultado un antiguo miembro de ETApm condenado a más de 30 años de cárcel

Víctor Garay Jaureguizar, condenado a más de treinta años de prisión por diversos delitos relacionados con su militancia en ETA Político-militar, fue puesto en libertad el pasado fin de semana -si bien la noticia no se conoció hasta ayer en virtud de la aplicación de un indulto real. Esta medida es resultado de los acuerdos negociados entre el ex ministro del Interior, Juan José Rosón, y altos cargos de su departamento, por una parte, y el diputado y abogado Juan María Bandrés, por otra.

La puesta en libertad de Garay era esperada con gran expectación desde hace meses, dado que, por lo dilatado de su condena, el caso era considerado en medios vascos como la auténtica piedra de toque de las virtualidades de la vía abierta por las negociaciones Rosón-Bandrés. Víctor Garay, de veintinueve años, natural de Baquio (Vizcaya), fue detenido en 1978. Acusado de haber participado en tres atracos contra otras tantas entidades bancarias y en un asalto a una armería de Eibar, Garay fue condenado por la Audiencia Nacional, en sucesivos juicios, celebrados en 1979 y 1980, a más de treinta años de cárcel. El hecho de que, pese a tan importantes condenas, no hubiera contra Garay ninguna acusación relacionada con delitos de sangre, permitió incluir su nombre en la lista de miembros de ETApm dispuestos a abandonar la lucha armada cuya puesta en libertad se consideraba negociable. Destacados miembros de ETA VIII Asamblea, es decir, del sector partidario de proseguir la actividad armada, mostraron su escepticismo ante la vía Rosón-Bandrés.Inaplicables a éI las medidas sobre libertad provisional previstas en los acuerdos, puesto que estaba condenado en firme, el entonces ministro de Justicia, Pío Cabanillas, presentó una propuesta de solicitud de indulto real. Aprobada la propuesta por el pleno del Consejo, el Rey firmó el 23 de octubre un real decreto que apareció en el Boletín Oficial del Estado el 27 de noviembre. El indulto abarcaba a la totalidad de las penas privativas de libertad, pero condicionando su aplicación efectiva a la acreditación de que habían sido satisfechas las indemnizaciones fijadas en la sentencia o la renuncia a ellas por parte de las entidades damnificadas.

La negociación con estas entidades, que han renunciado a tales indemnizaciones, ha retrasado durante cuarenta días la puesta en libertad de Víctor Garay. Son ya dieciséis -sobre un total de veintinueve incluidos en la lista presentada por Bandrés- los miembros de la antigua ETApm que han abandonado las cárceles desde que se iniciaron las conversaciones.